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La Procuraduría General de la Nación alertó sobre los riesgos de limitar el tiempo de funcionamiento y el presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Tras los recientes anuncios del Gobierno Nacional, la Procuraduría advirtió que reducir el alcance y presupuesto de la JEP comprometería su capacidad para cumplir su objetivo de ofrecer justicia a las víctimas del conflicto armado. Limitar sus funciones afectaría gravemente la implementación de sanciones y el juzgamiento de responsables de violaciones graves de derechos humanos.
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"La Procuraduría recuerda que las amnistías indiscriminadas están prohibidas por el derecho penal internacional. Estas acciones podrían reactivar la intervención de la Corte Penal Internacional en Colombia", indicó el ministerio público por medio de un comunicado.
De igual forma la Procuraduría señaló que es fundamental que la autoridades asuman su responsabilidad como garantes de los recursos necesarios para la implementación de las sanciones propias de la JEP: "Esto incluye la adecuada asignación presupuestaria y la coordinación logística para llevar a cabo las medidas de reparación a las víctimas".
Finalmente, en el mismo comunicado la Procuraduría reitera su disposición para "colaborar en los procesos de articulación institucional que aseguren el cumplimiento de los derechos de las víctimas y la sociedad", todo ello según lo refiere, en el marco del sistema de justicia transicional.
En relación a este mismo tema, el presidente de la JEP, magistrado Roberto Carlos Vidal, hizo un llamado al Gobierno del presidente Gustavo Petro para que respete su autonomía judicial y que se garanticen los recursos necesarios para el funcionamiento de esa jurisdicción especial.
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Sumado a ello, Vidal alertó que de darse un cierre prematuro de la JEP como lo planteó el Comisionado de paz Otty Patiño, podría abrirle nuevamente la puerta a la Corte Penal Internacional (CPI) para que reactive el examen preliminar sobre el país, e incluso adopte las medidas a que haya lugar ante este escenario.
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