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Al menos 10 casos están siendo investigados por la Procuraduría General de la Nación en los que presuntamente estaría involucrada María Carolina Carrillo Saltarén y Jairo Jaramillo Matiz, dos polémicos exdirectores administrativos de la Cámara de Representantes, quienes además serían políticamente cercanos.
Carrillo, una de los indagadas por el ministerio público aspira a administrar nuevamente la Cámara, que maneja más de $200.000 millones al año. Jaramillo fue destituido e inhabilitado en 2011 por la misma instancia, ante el escándalo de remodelación del Salón Elíptico del Capitolio que le costó a los colombianos $12.500 millones, tras apenas ocho meses de gestión.
Las denuncias fueron hechas hace cuatro años por la Secretaría de Transparencia a la cabeza del entonces jefe de esa oficina Carlos Fernando Galán, hoy senador, pero apenas hace unas semanas se conoció la apertura de la investigación disciplinaria.
Ambos exfuncionarios son investigados por una serie de presuntos delitos relacionados con la violación a la contratación estatal. La Procuraduría estableció que la Cámara de Representantes suscribió entre el 2010 y 2011 un total de 655 contratos en forma independiente más siete contratos y convenios en conjunto con el Senado de la República.
Las investigaciones se adelantan por la contratación en capacitaciones del 2010 con temas como “el mantenimiento y cuidado de los bienes patrimoniales de la entidad” a $1.500.000 la hora; “música religiosa” a $1.000.000 millón por siete meses; “derecho disciplinario” a $400.000 60 minutos por 50 horas; “la excelencia elemento estructural de la función legislativa” a $266.000 cada 60 minutos por 30 horas, y “derechos humanos y DIH” por $69.000.000 millones.
Otro caso es el de un convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos firmado en 2007 por $2.600 millones pagados en su totalidad para digitalizar 10 millones de documentos, pero la OEI, a su vez subcontrato a otra firma privada (Siscorp de Colombia Ltda) en 2010 que posteriormente firmó otro contrato directamente y sin licitación con la Cámara para digitalizar cinco millones de documentos, aduciendo que se trataba de un contrato de ciencia y tecnología, lo que generó dudas en el ministerio público porque fue el mismo objeto contractual suscrito por Carrillo.
Otros acuerdos también son objeto de revisión, como el del Congreso (Cámara y Senado) con la ETB para prestar los servicios de telecomunicaciones. Fue firmado en 2008 con plazo de ejecución hasta 2013 por un valor mensual de $233 millones mensuales. Dicho pacto a 2015, le habría costado a los colombianos $47 mil millones, de acuerdo con el informe de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, con siete prórrogas, en su mayoría autorizadas y firmadas por Carrillo, quien aspira nuevamente al cargo de Directora Administrativa de la Cámara.
Otro convenio interadministrativo que tiene en líos a la aspirante está relacionado con la Universidad Nacional por $397 millones en 2009 para actualizar el inventario de la Cámara de Representantes.
Tanto Carolina Carrillo como Jairo Jaramillo son viejos conocidos en el Congreso. El último quedó por fuera de las posibilidades de contratar con el Estado tras estar inhabilitado, pero a Carrillo sí se le ve, así como el 2014, repetidamente por los pasillos y las oficinas del Capitolio haciendo lobby, en reuniones con congresistas.
LA F.m. intentó comunicarse con Carolina Carrillo para consultarle sobre la decisión de la Procuraduría, pero no fue posible contactarla.
