12 Ene 2016 08:33 AM

Procurador Ordóñez mostró su desacuerdo por la venta de Isagén

A través de una carta dirigida al presidente Juan Manuel Santos, el procurador general Alejandro Ordóñez mostró su desacuerdo por la venta de la generadora de energía.
"La venta de Isagén no 'es un buen negocio' como lo ha señalado el Gobierno Nacional, por el contrario, podría implicar un detrimento patrimonial sin antecedente en la historia del país", afirmó Ordóñez. 
 
En la misiva, el jefe del Ministerio Público estimó que si bien se contempló un ajuste basado en el índice de precios al consumidor - IPC - en el precio de la acción, el mismo no equipará la variación en términos de pagos en divisas, con lo cual se podría llegar a producir un grave detrimento para el tesoro nacional. 
 
"Como se observa, la venta de Isagén se está llevando a cabo con un valor de la acción menguado, esto es, disminuido en 27%. Mientras en el año 2013 cada acción ascendía a US$1,71, a pesar del ajuste por IPC de la acción, para el año 2016, aun con el ajuste del Decreto 2468 de diciembre de 2015, equivale a US$1,25, es decir US$0,46 menos".
 
El procurador Ordóñez agregó que "si el Gobierno insiste en vender Isagén en las actuales condiciones se perderían dos billones trescientos setenta y seis mil doscientos treinta y ocho millones quinientos trece mil novecientos veinte pesos ($2.376.238.513.920), que representan el 0,46 dólar menos que se pagaría por la acción, en comparación con el valor inicial estimado por el Gobierno Nacional en el año 2013". 
 
En la misma carta, Ordóñez dice que la reciente recomendación de reforma tributaria realizada por la comisión de expertos, sumado a la venta propuesta, "le auguran al país una difícil situación financiera para los ciudadanos en general". 
 
Adicionalmente, Ordóñez dice que hay opciones diferentes para cubrir los recursos que se buscan obtener con dicha venta y da tres en concreto. Primero, que el Gobierno "debe ser mucho más eficaz en la lucha contra la corrupción y comprometerse seriamente con la defensa del patrimonio público que devoran mafias que han capturado el Estado". 
 
En segundo lugar, que "el Gobierno debe ser austero y no promover más burocracia costosa e ineficiente". Y, tercero, que "el Gobierno debe acabar con la llamada “mermelada”, vena rota del presupuesto público atada a apetitos clientelares". 

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