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A pesar de que el presidente de la República, Iván Duque, pidió a la Procuraduría que suspendiera a Jesús Santrich como congresista luego de su posesión, RCN Radio conoció por fuentes de esa misma entidad, que esa solicitud no podría acatarse porque los delitos por los cuales es indiciado el exjefe de la extinta guerrilla de las Farc, habrían sido cometidos antes de las elecciones parlamentarias.
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También se conoció que la Procuraduría no podría investigarlo, porque las actividades delictivas habrían sido cometidas cuando Santrich no era congresista y la competencia la tendría la justicia ordinaria que debería resolver su situación jurídica.
De acuerdo con esa entidad, los delitos cometidos habrían tenido ocasión a finales del 2017 y principios del 2018, con posterioridad al acuerdo de paz, pero antes de las elecciones al Congreso.
Sin embargo, lo que sí pediría la Procuraduría es que una vez la Corte Suprema de Justicia adelante la audiencia indagatoria a Santrich, le resuelva su situación jurídica y se defina si le impone medida aseguramiento por los delitos relacionados al narcotráfico, que deberá tomarse en máximo 10 días siguientes a la indagatoria.
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Cabe mencionar que el procurador Fernando Carrillo insistió a la Corte Suprema de Justicia sobre la necesidad de emitir una orden de captura contra Jesús Santrich, quien está siendo investigado por la justicia ordinaria por el presunto envió de más de 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos.
“Estamos esperando que se cumpla la ley. No queremos que se violente ningún procedimiento pero si queremos que haya celeridad en la toma de esa decisión, hemos solicitado que se produzca la captura”, dijo Carrillo.
La petición se produce a pesar de que la Corte Suprema de Justicia ya había respondido negativamente a Carrillo bajo el argumento de que no existían pruebas suficientes para ordenar la captura de Santrich.
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En el documento que llama a indagatoria al exjefe guerrillero, la Corte explica que no es el momento judicial para imponer una medida de aseguramiento y que esa decisión se dará a conocer cuando se defina la situación jurídica.
“En su momento será necesario definir la situación jurídica, ‘indicando si hay lugar o no a imponer medida de aseguramiento si hubiere prueba que la justifique”, destaca el documento de la Corte.
