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Lo que inicialmente sería una reunión de inspección entre funcionarios del Ministerio del Trabajo, representantes sindicales de la Alcaldía de Santa Marta, delegados del Ministerio Público y organizaciones de trabajadores, terminó convirtiéndose en un nuevo episodio de debate sobre la transparencia de las actuaciones administrativas.
La reunión, que daba en las instalaciones de la Secretaría de la Mujer y que fue convocada en medio de las recientes denuncias por presuntas presiones políticas de cara a las elecciones presidenciales, se vio interrumpida cuando una funcionaria del Ministerio del Trabajo manifestó su inconformidad por la presencia de periodistas que registraban el procedimiento. La diligencia fue suspendida incluso antes de que iniciara formalmente y se abordaran los temas que motivaron la convocatoria.
La representante de la cartera laboral, ante las filmaciones de algunos de los comunicadores sociales asistentes al encuentro, solicitó que no se grabara ni documentara el espacio, situación que derivó finalmente en la terminación de la actividad y revuelo entre los asistentes que tampoco sabían para qué habían sido citados en el recinto.
Ministerio público dio vía libre a la presencia de la prensa
Cabe indicar que durante la discusión no se expuso una norma específica ni un argumento jurídico que sustentara la prohibición a los medios de comunicación de ejercer la labor informativa. Por el contrario, los delegados del Ministerio Público intervinieron para advertir que la actuación tenía carácter público y que, bajo los principios de publicidad y transparencia que rigen la función administrativa, no existía impedimento para que los periodistas realizaran registros audiovisuales y documentaran lo ocurrido.
“Estoy dando garantías para que se pueda grabar. Aquí estamos Procuraduría y Personería Distrital”, anotó una delegada del Ministerio público. No obstante, una de las funcionarias del MinTrabajo alegó que no se tenía permitido grabar, indicando que “no se les está autorizando poder grabar”.
Asistentes desconocen el motivo de la citación
Y es que muchos de los asistentes recibieron la información de dicha diligencia por medio de un correo electrónico en el que se les indicaba la ubicación de la reunión, pero no el motivo, razón que también motivó a que la representante del magisterio y miembro del Sindicato de Educadores del Magdalena, Edumag, María del Carmen Ceballos solicitara cuentas de las convocatoria.
“Me llegó por correo la invitación pero nosotros no sabemos qué se va a hacer aquí (…) si se van a traer a la mesa situaciones particulares o es una socialización de prevención, de acoso laboral y todo lo demás. Nosotros les pedimos, por favor, tanto al Ministerio como a la Administración - porque somos trabajadores de la educación - y no vemos a nuestros representantes de la Secretaría de Educación”, sostuvo María del Carmen Ceballos, sindicalista de la educación.
¿Cómo se enteró la prensa de esa diligencia?
En medio de la coyuntura generada por las denuncias de presuntas presiones políticas en Santa Marta, según las cuales algunos contratistas estarían siendo obligados no solo a votar, sino también a participar en actividades proselitistas, caravanas y acciones de campaña en favor del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, fue que se conoció sobre la presencia de los delegados del Ministerio del Trabajo.
La información sobre la diligencia comenzó a circular incluso a través de grupos y cadenas de WhatsApp, situación que permitió que los medios de comunicación tuvieran conocimiento del encuentro y acudieran al lugar para ejercer su labor periodística.
Las denuncias de la Supersolidaria y las quejas de la Alcaldía
Lo cierto es que, aunque el Ministerio del Trabajo no entregó detalles sobre el alcance de la actuación, en Santa Marta la diligencia comenzó a relacionarse con estas denuncias que fueron formuladas por la superintendente de la Economía Solidaria, María José Navarro, quien recordemos acudió ante la Fiscalía y la Procuraduría para denunciar una presunta estructura de presión electoral al interior de la Alcaldía Distrital.
Frente a esas aseveraciones, la Alcaldía de Santa Marta rechazó las acusaciones y ha insistido en que las denuncias deben ser esclarecidas por las autoridades competentes dentro del marco del debido proceso. Mientras tanto, los organismos de investigación avanzan en la verificación del material probatorio aportado por la funcionaria y también en la revisión de una posible participación política de María José Navarro en un evento realizado en Santa Marta.
Así lo señaló la secretaria de Movilidad del Distrito, Sarita Vives, quien publicó en sus redes sociales una fotografía en la que aparece la superintendente de la Economía Solidaria durante un acto que, según afirmó, coincidiría con el evento al que asistió el senador Iván Cepeda. Con base en ese material, la funcionaria solicitó a las autoridades competentes investigar una eventual participación en política.
En ese contexto, muchos sectores consideran que la inspección adelantada por el Ministerio del Trabajo podría estar relacionada con la revisión de las condiciones laborales de funcionarios y contratistas vinculados a la administración distrital, así como con las eventuales denuncias sobre “presiones” o vulneraciones de derechos en el entorno laboral. No obstante, esa hipótesis no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.
Claves del tema, en cuatro preguntas
¿Por qué fue suspendida la diligencia del Ministerio del Trabajo en Santa Marta?
Porque surgió una controversia por la presencia de periodistas que estaban grabando y documentando el procedimiento.
¿Qué argumentó el Ministerio Público sobre la presencia de la prensa en la reunión?
Que la diligencia tenía carácter público y que, bajo los principios de publicidad y transparencia, podía ser grabada y documentada por los medios de comunicación.
¿Con qué denuncias recientes se relaciona la inspección adelantada por el Ministerio del Trabajo?
Con las denuncias sobre presuntas presiones a contratistas y funcionarios para apoyar políticamente al candidato presidencial Abelardo de la Espriella y con la supuesta participación de María José Navarro en un evento político de Iván Cepeda, en Santa Marta, hecho que denunció una de las Secretarias de la administración de Carlos Pinedo.
¿Quién realizó las denuncias que hoy mantienen la atención sobre la Alcaldía de Santa Marta?
María José Navarro, superintendente de la Economía Solidaria, quien acudió ante los organismos de control para denunciar presuntas presiones políticas dentro de la administración distrital.
