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Ante la Fiscalía General de la Nación fue presentada una denuncia formal en contra del alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, por presuntas prácticas de participación en política y posibles presiones a funcionarios y contratistas para apoyar actividades de carácter electoral.
La acción judicial fue presentada por la superintendente de la Economía Solidaria, María José Navarro, a pocos días de que se lleve a cabo la segunda vuelta presidencial entre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.
La funcionaria remitió al ente investigador un conjunto de documentos y evidencias que, según ella, podrían dar cuenta de una estructura organizada para impulsar actividades proselitistas desde diferentes dependencias de la administración distrital.
La denuncia también fue enviada a la Procuraduría General de la Nación para que determine si existen eventuales responsabilidades disciplinarias derivadas del posible uso de recursos y de la propia administración con fines electorales.
Entre las personas mencionadas en la actuación se encuentra el alcalde Pinedo Cuello, así como otros funcionarios, contratistas y particulares que eventualmente puedan resultar vinculados a las investigaciones que adelanten los organismos competentes.
De acuerdo con la información recopilada por la superintendente, varias dependencias del Distrito habrían participado en actividades denominadas “toma de barrios” y “toma de semáforos”, jornadas que incluían presencia en distintos sectores de la ciudad mediante recorridos, volanteos, plantones y caravanas. Los registros entregados a las autoridades contienen fechas, horarios y puntos específicos donde se habrían desarrollado estas actividades.
La documentación aportada también incluye conversaciones de WhatsApp, cronogramas internos y referencias a una plataforma digital utilizada para recopilar información de ciudadanos identificados como potenciales votantes.
Uno de los aspectos más delicados de la denuncia tiene que ver con presuntas presiones ejercidas sobre personas vinculadas a la administración distrital. Según los elementos entregados a la Fiscalía, algunos contratistas y colaboradores habrían recibido mensajes en los que se condicionaría la continuidad de sus contratos, renovaciones o incluso desembolsos pendientes a su participación en actividades de naturaleza política.
Para la Superintendente, estos hechos deben ser verificados por las autoridades judiciales, que ahora tendrán la tarea de establecer la autenticidad de las pruebas y determinar si se configuraron delitos como constreñimiento al sufragante, participación indebida en política por parte de servidores públicos, uso irregular de datos personales u otras conductas.
“Corresponde a las autoridades competentes verificar los hechos denunciados y establecer las responsabilidades individuales a que haya lugar, garantizando el debido proceso y la transparencia de las investigaciones”, señaló Navarro.
