La FM en Google News
El Consejo de Estado falló a favor del representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, en un proceso que pedía la pérdida de investidura por, supuestamente, solicitar dinero a los integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo.
El accionante afirmaba que el congresista hacía las solicitudes con el objetivo de cubrir los gastos de su gestión como representante, por lo que afirmó en la demanda que Polo Polo no podía utilizar su posición de poder para hacer esa solicitud.
Leer también: "Los resultados en Venezuela no son creíbles": Juan Manuel Santos pidió transparencia
"No debe el demandado incumplir los principios de la administración pública consagrados en la constitución y sus deberes como congresista, al utilizar su condición dominante y pedir a sus subalternos una parte significativa de sus sueldos con la finalidad de presuntamente de cubrir gastos operacionales de su actividad", cita la decisión.
Luego de estudiar los argumentos y practicar varias pruebas, el tribunal consideró que "no se probó la exigencia, solicitud verbal o inducción que el accionado realizó a miembros de su UTL para que le entregaran mensualmente parte de su salario".
En el proceso de estudio, verificaron un incrementos por concepto de transferencias en aplicaciones de transferencias, pero para los magistrados, eso no es prueba de que hayan sido movimientos de dinero de parte de los trabajadores de la UTL.
"Existen incrementos por transferencias de fondos a través de la app transaccional, depósitos en efectivo con volante oficina, abono por pago de proveedores, y transferencia recibida de Daviplata, pero de ello no se sigue que hubieren sido efectuados por miembros de la UTL del representante", menciona el documento.
Durante el proceso, los magistrados recolectaron varios testimonios en los que los integrantes de la unidad de trabajo, rechazaron haber recibido alguna solicitud de Polo Polo para entregarle dineros.
Leer también: “Le pedimos a Petro que no reconozca al Gobierno Maduro”: expresidenta de Panamá
"Los testimonios practicados dentro del proceso y los documentos aportados al mismo no demuestran los supuestos fácticos pretendidos por el actor en la acción de pérdida de investidura. Por lo anterior, es claro que al expediente no se allegó prueba válida que acreditara los hechos imputados", menciona la decisión.
