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El senador Gustavo Petro radicó ante la Sección Primera del Consejo de Estado un recurso de impugnación en contra del fallo que rechazó la acción de tutela presentada contra la Presidencia de la República por la sanción y promulgación del Nuevo Código Disciplinario.
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Para el también candidato presidencial, la acción de tutela es la más idónea para exigir la protección de sus derechos fundamentales los cuales considera vulnerados con la expedición de ese Código que –según la acción judicial- va en contravía de lo ordenado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el fallo que reconoció un abuso de autoridad por parte de la Procuraduría en su contra.
“La falta de una implementación del sentido del fallo Interamericano en el derecho interno, vulnera mi derecho a la reparación integral derivado del reconocimiento que hiciera la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, recalca el senador al indicar que se debe cumplir con cada una de las órdenes emitidas por el organismo internacional.
En un documento de 15 páginas, el congresista indica que se deben tomar todas las medidas para que funcionarios públicos elegidos por voto popular –léase alcaldes, gobernadores, concejales, diputados- no sufran la persecución que él vivió cuando fue destituido e inhabilitado por 15 años para ejercer cargos públicos cuando fungía como Alcalde de Bogotá.
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Con lo que está establecido en el nuevo Código –resalta- se pondría el riesgo el derecho a elegir y ser elegido que tienen los colombianos, por lo que indica que esto no lo afecta solamente a él sino a miles de funcionarios públicos. “El derecho a elegir y ser elegido a cargos públicos constituye la materialización de diversos postulados constitucionales, entre ellos la soberanía popular, la autonomía de las entidades territoriales y la participación”.
“La vulneración que constituye la implementación de la Ley cuyo trámite se pretende revisar, se cierne sobre un aspecto fundamental de la apertura democrática que significa la elección popular de los cargos de dirección política y administrativa a nivel local, regional y nacional. El principio democrático en sí mismo de la elección abierta y pública de los representantes ante el Legislativo y el Ejecutivo”, agrega.
En otro de los apartes de la impugnación, Petro asegura que se incurre en una vulneración al debido proceso a todos los servidores públicos de elección popular. “Las personas que somos elegidas popularmente para ser servidores públicos y ii) las personas que eligieron a los primeros, y que tienen la expectativa de seguir votando por el mismo servidor o controlar políticamente su mandato a través de una alternativa”.
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Petro pide que se revoque el acto de sanción y promulgación del Nuevo Código Disciplinario adelantado por el Presidente de la República y los ministerios del Interior, Hacienda, Justicia y TIC, así como el director del Departamento Administrativo de la Presidencia. “En su lugar se ordene de todas estas entidades que elaboren objeciones gubernamentales”.
El Consejo de Estado deberá someter el expediente a un nuevo reparto y el magistrado deberá decidir si acepta o no la tutela radicada.
