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El presidente Gustavo Petro no sancionó un proyecto de ley que otorgaba mayor autonomía a los gobernadores para el manejo de los recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet).
El jefe de Estado envió una comunicación oficial al presidente del Congreso, Efraín Cepeda, en la que objetó la iniciativa por considerarla “inconstitucional e inconveniente”.
En el documento remitido, Petro argumentó que la propuesta vulneraba varios artículos de la Constitución. Entre ellos, el artículo 334, que establece el principio de sostenibilidad fiscal, y el artículo 48, que prohíbe el uso de recursos del sistema de seguridad social para fines distintos a los establecidos.
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También señaló que la norma afectaba la destinación de rentas de las entidades territoriales y la autonomía de las mismas, en contravía del artículo 287 constitucional.
Según el Gobierno, el proyecto implicaba un impacto fiscal significativo, al generar un gasto adicional tanto para la Nación como para las entidades territoriales, sin definir una fuente de financiación clara.
El Ministerio de Hacienda advirtió que esta situación desconocía lo establecido en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y ponía en riesgo la estabilidad del sistema pensional.
El documento de objeción incluyó un anexo técnico con argumentos respaldados por gráficas y cifras. En él, el Ministerio explicó que la redistribución de los recursos del Fonpet, sin una fuente adicional de financiamiento, afectaría directamente la caja del Tesoro Nacional y el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia pensional.
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Adicionalmente, la Presidencia cuestionó el procedimiento legislativo del proyecto. Señaló que el Congreso no cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 7 de la Ley Orgánica 819 de 2003, que regula el trámite de las leyes con impacto fiscal.
También afirmó que se vulneraron los principios de especialidad y competencia de las comisiones constitucionales permanentes.
Con esta decisión, el Ejecutivo frenó la iniciativa que había sido aprobada por el Congreso y que buscaba descentralizar el manejo de recursos pensionales en favor de las gobernaciones. Ahora, la discusión regresará al Legislativo.
