Petro enfrenta denuncia penal por revelar ubicación del ELN en Catatumbo

La denuncia se basó en presuntas infracciones a varios artículos del Código Penal Colombiano, incluyendo la divulgación de información reservada.
Gustavo Petro
La reunión de alto nivel que se realizó en la Casa de Nariño, demoró cerca de tres horas. Crédito: Colprensa

El concejal de Bogotá, Julián Uscátegui, presentó una denuncia penal ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra el presidente Gustavo Petro, por posiblemente afectar operaciones militares.

La denuncia tuvo como base la publicación de una imagen satelital en la cuenta oficial del presidente en X, que mostró coordenadas geográficas presuntamente vinculadas a la ubicación de integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región del Catatumbo.

De acuerdo con Uscátegui, la acción del mandatario pudo haber puesto en riesgo tanto los operativos militares en curso como la seguridad de los soldados en la zona.

La imagen, que habría mostrado un punto en la vereda Puerto Barracas, municipio de Tibú, Norte de Santander, contó con coordenadas exactas (“8.906027-72.98610”), generando preocupación entre las fuerzas armadas.

Cabe recordar que la región del Catatumbo se ha caracterizado por una fuerte presencia de grupos armados ilegales, lo que ha resultado en más de 52.000 desplazados y 52 personas asesinadas debido a enfrentamientos recientes.

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Según fuentes militares, la imagen habría incluido información estratégica de inteligencia, comprometiendo posibles operaciones de las Fuerzas Especiales Número 5, que planeaban un asalto al campamento identificado.

La publicación del trino ocurrió a las 12:30 p.m. del domingo 2 de febrero de 2025 y fue eliminada horas después sin explicación oficial sobre su retiro ni sobre el impacto de su divulgación.

El concejal Uscátegui afirmó que el presidente de la República tiene la responsabilidad de proteger la información de inteligencia suministrada, y que su difusión pública podría dificultar la recuperación de la paz y el mantenimiento del orden público.

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La denuncia se basó en presuntas infracciones a varios artículos del Código Penal Colombiano, incluyendo la divulgación de información reservada (Artículo 194), la divulgación de documentos relacionados con la seguridad nacional (Artículo 418), el uso indebido de información reservada (Artículo 419) y la revelación de secretos de Estado (Artículo 455).

La situación generó debate público sobre la gestión de la información sensible por parte del Ejecutivo y el impacto de estas acciones en la seguridad nacional. Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte de la Presidencia respecto a la denuncia ni al contenido de la publicación eliminada.


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