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La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) quedó entre las entidades revisadas por el nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella durante el proceso de empalme.
El diagnóstico señala que, entre 2022 y 2026, la entidad tuvo una apropiación de $15,3 billones, pero solo ejecutó el 4,3 % de esos recursos. Esto significa que más del 95 % del dinero no se utilizó.
La información es del documento El Libro de la Verdad, elaborado a partir de la revisión que se hizo durante el empalme. Para establecer los niveles de ejecución, el informe tomó datos del SIIF Nación II, además de hallazgos de la Contraloría General de la República y otras fuentes oficiales.
El comportamiento presupuestal muestra que la ejecución de la UNGRD se mantuvo por debajo de los recursos durante los años revisados.
En 2022, la entidad ejecutó el 9,4 % de su presupuesto; en 2023 la cifra bajó al 5,8 %. Para 2024 alcanzó el 9,8 %, pero volvió a disminuir en 2025, cuando registró una ejecución del 4,4 %. El dato correspondiente a 2026 muestra una reducción mayor: a junio de ese año, la ejecución apenas llegaba al 0,2 %.
El resultado también tiene gran importancia dentro del sector Presidencia de la República. Entre 2022 y 2026, ese sector recibió apropiaciones por $18,49 billones, de los cuales la UNGRD concentró cerca de $15,3 billones, equivalentes al 82,8 %. Pese a manejar la mayor parte de esos recursos, la Unidad registró una ejecución acumulada del 4,3 % durante el periodo revisado.
¿Qué encontró el Gobierno en las cuentas de la UNGRD?
El informe no solo hace referencia al porcentaje de ejecución. También identificó recursos pendientes de reintegro, hallazgos fiscales y proyectos cuyo estado debe ser precisado. Entre los datos citados aparece un monto de $240.766 millones correspondiente a convenios vencidos con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y el Ministerio de Vivienda, recursos que, según la Contraloría, permanecían pendientes de reintegro.
La Contraloría también identificó $223.988 millones en hallazgos fiscales de 106 proyectos que fueron financiado con regalías en la Región Caribe. De acuerdo con el documento, el 55 % de esos proyectos presentó observación fiscal y no existe claridad sobre el estado final de ejecución de una parte de ellos.
Uno de los proyectos se debe a las acciones para reducir la vulnerabilidad ante desastres en La Mojana. Para 2025 se habían presupuestado $568.453 millones, pero la ejecución que se registró es de apenas 0,82 %. El proyecto, además, cuenta con hallazgos fiscales y disciplinarios que permanecen en conocimiento de las autoridades competentes.
El documento también muestra $6.759 millones destinados a canastas para La Guajira, sobre los cuales la Contraloría no habría podido acreditar su entrega ni su calidad. En el mismo apartado aparecen reportes de entregas incompletas en Putumayo, Cauca y Nariño.
Otro de los puntos corresponde a los recursos que se giraron antes. El balance indica que $856.289 millones fueron entregados de manera anticipada y que $282.990 millones fueron destinados a obras para la reducción del riesgo, cuya trazabilidad debe precisarse.
También señala que algunos desembolsos por el 100 % de los recursos se realizaron semanas antes del cambio de Gobierno, pese a que la ejecución estaba proyectada hasta 2027.
La ejecución de la UNGRD cayó al 0,2 % en 2026
La situación presupuestal es preocupante al revisar los primeros meses de 2026. Según el documento de empalme, la UNGRD solo había ejecutado el 0,2 % a junio de ese año, mientras que al 31 de julio había pagado el 19,6 % de una apropiación vigente de $7,04 billones. El informe presenta estos datos como cortes distintos dentro del seguimiento a las cuentas de la entidad.
El diagnóstico también muestra que los estados financieros correspondientes a 2024 fueron calificados como no razonables por la Contraloría General de la República. La cuenta fiscal de ese año no fue fenecida debido a una incertidumbre contable de $1,29 billones, según la información incorporada en el documento de empalme.
La revisión se produce además en un momento en el que el informe menciona una probabilidad del 81 % de un fenómeno de El Niño extremo, de acuerdo con la proyección citada del Ideam. En ese contexto, el documento señala como punto de atención que la entidad responsable de coordinar la gestión del riesgo haya llegado al primer semestre de 2026 con una ejecución presupuestal del 0,2 %.
El nuevo Gobierno deberá revisar qué pasó con los recursos apropiados, cuál es el estado de los proyectos financiados y qué compromisos permanecen pendientes. El documento de empalme muestra que existen recursos cuya trazabilidad debe ser precisada y señala que los hallazgos fiscales y disciplinarios corresponden a procesos que deben ser definidos por las autoridades competentes.
La UNGRD concentra, además, una parte importante de los recursos del sector Presidencia. De acuerdo con el balance, esa concentración, sumada a los niveles de ejecución registrados y a las observaciones sobre seguimiento y trazabilidad, hace parte de los asuntos que quedaron identificados durante la recepción de la entidad.
El Gobierno entrante tendrá que determinar el estado de los recursos y de los proyectos que permanecen pendientes.
¿Cuánto ejecutó la UNGRD entre 2022 y 2026?
La entidad registró una ejecución acumulada del 4,3 % sobre una apropiación total de $15,3 billones entre 2022 y 2026. Por lo tanto, más del 95 % de los recursos apropiados no registró ejecución en ese periodo, de acuerdo con el informe de empalme.
¿Qué hallazgos fueron identificados?
El documento menciona $240.766 millones pendientes de reintegro, $223.988 millones en hallazgos fiscales asociados a proyectos financiados con regalías y recursos cuya trazabilidad debe ser precisada, entre otros puntos revisados por el Gobierno entrante y los organismos de control.
¿Qué deberá revisar el nuevo Gobierno?
La administración deberá establecer el estado de los recursos, convenios y proyectos pendientes, así como hacer seguimiento a los hallazgos identificados durante el empalme. Las eventuales responsabilidades no quedan determinadas en el documento y corresponden a las autoridades competentes.
