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Una nueva denuncia penal fue interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación para que se investiguen posibles irregularidades en la planeación, trámite, celebración y ejecución del Contrato Interadministrativo No. 390 de 2026, suscrito entre el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC S.A.S.).
La acción judicial fue presentada por Germán Calderón España, en su calidad de líder del Equipo Élite Anticorrupción y por autorización de la Vicepresidencia de la República. La solicitud pide establecer si existió la comisión de delitos contra la Administración Pública por parte de personas indeterminadas involucradas en el convenio.
Los detalles del contrato
Según el documento presentado ante el ente investigador, el contrato tuvo por objeto la "prestación de servicios de producción y transmisión de contenidos audiovisuales" destinados al fortalecimiento de las actividades, iniciativas y mensajes institucionales de la Vicepresidencia en el gobierno saliente.
El valor del convenio se fijó por hasta $1.500.000.000 (mil quinientos millones de pesos), financiado con cargo al rubro de servicios de telecomunicaciones y transmisión de información.
Cuestionamientos a la contratación directa y subcontratación
El punto central de la denuncia radica en la figura jurídica utilizada para la vinculación contractual. De acuerdo con Calderón España, se debe determinar si era procedente acudir a la figura de contratación directa entre las dos entidades estatales.
El escrito señala que, desde la fase de estructuración, se contempló que una parte sustancial de los servicios requeridos no los prestaría directamente RTVC, sino que se recurriría a terceros y medios externos.
Entre las pruebas presentadas se mencionan facturas que evidencian pagos destinados a:
- Pauta y difusión en medios radiales y digitales externos.
- Monitoreo de medios y otros servicios tercerizados.
- Cobro de fees o comisiones de intermediación por parte de RTVC.
Con esta denuncia, la Fiscalía deberá determinar si la triangulación de recursos a través del contrato interadministrativo vulneró los principios de la contratación estatal y la transparencia en el manejo de los fondos públicos.
Libro de la Verdad
El presidente Abelardo de la Espriella presentó este martes ante la Fiscalía General de la Nación y otros órganos de control las investigaciones documentadas en el denominado ‘Libro de la Verdad’, en el que se documentan los que serían los hallazgos y casos de corrupción que se habrían dado en el saliente gobierno de Gustavo Petro.
La publicación condensa las actuaciones del Equipo Élite Anticorrupción durante la transición gubernamental, detallando aparentes irregularidades contractuales, modificaciones presupuestales de última hora y alertas sobre el patrimonio público.
El Gobierno Nacional oficializó la entrega a las autoridades judiciales del informe denominado ‘Libro de la Verdad’, un diagnóstico institucional sobre el estado de la administración pública recibida tras el proceso de empalme de 2026.
A través de la gestión adelantada por el Equipo Élite Anticorrupción, la Presidencia de la República puso a disposición de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República un conjunto de expedientes que reúnen denuncias penales, quejas disciplinarias y acciones fiscales sobre la gestión de recursos estatales.
Equipo Élite Anticorrupción activa acciones jurídicas
En la apertura del documento, el presidente Abelardo de la Espriella remarcó el deber del Ejecutivo de trasladar estas evidencias ante las instancias correspondientes sin coadministrar ni sustituir las competencias judiciales.
“Gobernar exige mirar hacia el porvenir. Pero ningún país puede construir seriamente su futuro si adopta la equivocada decisión de cerrar los ojos frente a los hechos que comprometieron las finanzas de sus instituciones, sus recursos públicos y la confianza de sus ciudadanos”, sostuvo el mandatario nacional.
A su vez, el Jefe de Estado aclaró el alcance legal del compendio al señalar que “su propósito no es el de sustituir a la justicia, anticipar responsabilidades ni convertir los hallazgos en condenas. Esa es una tarea que le corresponde exclusivamente a las autoridades competentes, con pleno respeto por el debido proceso”.
Por su parte, el vicepresidente de la República y Director Nacional del Empalme, José Manuel Restrepo, explicó la metodología de validación documental e interinstitucional empleada por los equipos técnicos para consolidar la información pública.
“En el capítulo de hallazgos de corrupción no individualizamos ni calificamos responsabilidades que no nos corresponde establecer: documentamos hechos, con fuente y fecha, validados mediante procesos documentales, funcionales, tecnológicos, presupuestales, operativos e interinstitucionales, para que quien tiene la competencia legal pueda actuar sobre evidencia y no sobre suposición”, afirmó el vicepresidente Restrepo.
