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El presidente Gustavo Petro ha sido criticado por promover una jornada de movilizaciones en defensa de las reformas sociales el pasado 27 de septiembre, a la cual asistieron más de 30.000 personas, la mayoría de ellas, indígenas de varias regiones del país.
Sectores políticos cuestionan que se hayan utilizado las marchas como plataforma política para impulsar a los candidatos a cargos de elección popular del Pacto Histórico, pero sobre todo por la inversión de recursos públicos en traslados, tarimas, sonido y otros elementos logísticos y de publicidad para promoverlas.
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Este viernes, el mandatario se refirió a la polémica en respuesta a un mensaje del director de La FM de RCN Radio, Luis Carlos Vélez, quien le preguntó cuanto le estaba costando a los colombianos el traslado de los indígenas, su alimentación y los conciertos que se realizaron en la Plaza de Bolívar.
Si bien, Petro no responde la pregunta de manera concreta, tímidamente reconoció que si se invirtieron recursos, pero menos de los que los gobiernos pasados gastaban en para reprimir las movilizaciones.
“Te quiero contar Luis Carlos, que los gobiernos que usted apoyaba se gastaban más dinero en el Esmad agrediendo las movilizaciones populares que nosotros ayudando al pueblo a movilizarse. La democracia es, antes que nada, una democracia movilizada”, escribió el mandatario en su cuenta de X.
Cabe mencionar que la Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una indagación previa contra funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), por el contrato que habría firmado la entidad con RTVC para que ese medio público sea operador logístico de los eventos del organismo por cuatro meses.
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Lo anterior, luego de las denuncias de que esta entidad fue la que puso los recursos para trasladar a los campesinos, indígenas y afrodescendientes desde las regiones hasta Bogotá para participar en la marcha del 27 de septiembre.
Asimismo, el senador Miguel Uribe anunció la radicación de cinco denuncias ante la Contraloría General de la Nación contra funcionarios del Gobierno, entre ellos, Luis Fernando Velasco, ministro del Interior; Carlos Ramón Gonzáles, director del Dapre y Gerardo Vega director de la ANT para determinar su presunta responsabilidad fiscal en la destinación irregular de recursos para financiar estas jornadas en el país.
