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La bancada del Pacto Histórico denunciará ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes al fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, “por sus pronunciamientos públicos en los que hace un llamado a las fuerzas de Policía a la desobediencia y la insubordinación”.
Según explicó el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, los argumentos se basan en una declaración pública del jefe del ente acusador donde envió un mensaje a los directores de la Policía, la Dijin y la Sijin señalando que “que no porque les dan una orden o les dicen algo, hay que hacerlo”.
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“Es gravísimo que el fiscal atentando contra la institucionalidad, pretendiendo generar inestabilidad dentro de la Policía invite al director general y a los subordinados a cometer delitos como la seducción, usurpación y retención ilegal del mando, establecido en el artículo 472 del código penal militar y conspiración que se encuentra en el artículo 471”, explicó Racero.
Agregó que la denuncia también pretende que se investigue si Barbosa estaría utilizando “sus funciones, su fuero y su poder” para afectar al presidente, Gustavo Petro, no solo por sus declaraciones en público, sino también presuntamente “de manera privada”.
Por su parte, la senadora María José Pizarro aseguró que “cuando el fiscal pretende impartir este tipo de directrices hacia la Policía, desconoce que en este país existe un comandante en jefe que es el presidente de la República y empieza a adoptar este tipo de comportamiento que a nuestro criterio son intervenciones indebidas en política”.
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Asimismo, la congresista reprochó que Barbosa “actúe como jefe de la oposición, más que como jefe del ente acusador”, abandonando el mandato constitucional y legal que tiene “para convertirse tristemente en un vocero de la oposición”.
Finalmente, las bancadas en Senado y Cámara afirmaron que esta no será la única acción legal contra el fiscal, pues preparan un dossier con base en sus “actuaciones recurrentes”, para llevarlo si es necesario a instancias internacionales, como ya hicieron con la Procuraduría, llevando el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
