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El comisionado de paz, Rodrigo Rivera, reveló que con los análisis hechos junto con organismos judiciales y de inteligencia a más de 14 mil nombres, se llegó a la conclusión de que varios capos del narcotráfico, 25 en total, quieren colarse en la Justicia Especial de Paz para obtener las mismas concesiones que recibirán los integrantes de la guerrilla.
“Nos pasaron la lista de nombres, unos 14 mil nombres hasta el momento, de ellos han sido certificados 11.200. Ya van como unos 350 nombres que hemos denominado ‘casos sensibles’ y creo que el Gobierno tiene dispuestos, con este comité técnico e interinstitucional, los mecanismos suficientes para evitar que se cuelen en la lista de acreditados esas personas que no pertenecen a las Farc“, señaló el funcionario.
“Ya hay indicios e información judicial suficiente, de inteligencia, para crear dudas fundadas en torno a que esas personas no pertenecen a las Farc y por lo tanto no deben ser acreditadas y en esas condiciones no lo haremos”, añadió.
Sin embargo, el alto comisionado para la paz también informó que las propias Farc ya han excluido 160 de los 350 nombres sobre los cuales el Gobierno tiene dudas.
“Algunos de esos nombres han sido retirados por las Farc, 160 de ellos, de los cuales hay tres de los casos más sensibles. No nos va a temblar la mano para abstenernos de acreditar o excluir de acreditaciones a personas sobre las que haya fundada información en torno a que no son miembros de las Farc”, aseguró Rivera.
Rodrigo Rivera dijo se están intensificando las investigaciones para establecer si hay miembros de las Farc involucrados y si hubo o no pagos de alrededor de 5 mil millones de pesos a varios abogados para colar a narcotraficantes en las listas.
“Hay comentarios y yo espero que la Fiscalía sea muy diligente en investigar esas versiones y en caso de demostrarlas, son delitos que harán perder, a los que los cometieron, todos los beneficios provenientes del acuerdo”, manifestó.
A raíz de esta situación, el Gobierno Nacional anunció que se reforzará el mecanismo de verificación de los nombres que integran las listas de desmovilizados de las Farc que aspiran a comparecer ante la JEP y en los casos más sensibles se pedirá una intervención profunda de la Fiscalía y la Procuraduría.
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