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Sin presencia del Centro Democrático se adelantó la audiencia pública en la Cámara de Representantes para socializar el proyecto de acto legislativo que busca limitar la entrega de información privilegiada del Estado a la Comisión de la Verdad, conformada tras el acuerdo de paz logrado en la Habana.
En la audiencia pública estuvieron presentes todos los actores de las instituciones creadas por el acuerdo de paz quienes coincidieron que al ser aprobado este proyecto las víctimas del conflicto no conocerían la verdad de lo ocurrido durante el largo conflicto armado que vive el país.
El delegado de Naciones Unidas en la audiencia, Guillermo Fernandez, anunció que no entregar información estatal a los órganos que están investigando violaciones a los Derechos Humanos para el esclarecimiento de los hechos atenta contra la seguridad nacional.
"Porque el fundamento de esto es precisamente el respeto a los DDHH y el sometimiento de los servidores públicos a la ley", indicó el representante de la ONU.
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El presidente de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Roux anunció que la iniciativa del Centro Democrático es inconstitucional y atenta contra la verdad en un proceso de paz.
"va en contra del fundamento de las tres instituciones que se crearon para que esto fuera posible como la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de búsqueda de desaparecidos", indicó el padre de Roux.
El presidente de la Comisión de la Verdad se comprometió públicamente a no recibir información reservada y de alta seguridad hasta tanto esté listo el sistema de control de los archivos y la metodología que se irá a implementar.
"Nos comprometemos a no recibir archivos reservados y de alta seguridad mientras ese aparato no esté listo, le hemos pedido a la Procuraduría General de la Nación y Naciones Unidas que sean garantes de la protección de esos archivos", afirmó el padre Francisco de Roux.
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La presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Patricia Linares, anunció que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indica que los Estados están obligados a entregar información estatal en relación con casos a la violación de los Derechos Humanos.
Patricia Linares hizo énfasis en que en relación con los organismos judiciales, la información debe ser puesta a disposición de las comisiones de la verdad, "sin omisiones y de manera ordenada".
"Con relación a las autoridades judiciales la información en poder del Estado debe ser puesta, subrayo, a disposición de las comisiones para el esclarecimiento de la verdad y yo agregaría, por la lógica del modelo, también a la Unidad de Búsqueda de Personadas dadas por Desaparecidas", afirmó la presidenta de la JEP.
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Este proyecto fue radicado por el representante del Centro Democrático Óscar Darío Pérez que tuvo la audiencia pública este jueves previo a su primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.
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