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Un polémico proyecto de ley fue presentado por el senador Iván Cepeda que tiene como propósito sancionar severamente a los funcionarios públicos que se opongan a la realización de procesos de paz en Colombia.
La iniciativa modificaría el Código Penal para castigar con cárcel de entre 10 y 15 años, a quienes incurran en un nuevo delito que se crearía, denominado “obstrucción a la paz”.
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El artículo que propone es el siguiente:
“Artículo 340B. Obstrucción a la paz. El que obstruya, impida o restrinja, de manera temporal o permanente, la exploración, inicio, desarrollo o finalización de procesos que el Gobierno Nacional adelante en el marco de la política de paz, definida en la ley 2272 de 2022, o la suscripción, implementación o cumplimiento de acuerdos, acuerdos parciales, acuerdos humanitarios y protocolos que se pacten en el desarrollo de los mismos, incurrirá en prisión de diez (10) a quince (15) años, en multa de mil (1.000) a diez mil (10.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes, y en interdicción de derechos y funciones públicas de diez (10) a quince (15) años”, dice la iniciativa.
“Esta iniciativa tipifica los crímenes contra la paz, que son aquellos que cometen quienes obstruyen, restringen, limitan de manera dolosa un proceso de paz en cualquiera de sus estadios, ya sea en la negociación o en la implementación de los acuerdos. Busca que quienes cometen asesinatos de firmantes de paz, o quienes a través de mentiras o acciones delictivas intentan frustrar los procesos de paz tengan que afrontar su responsabilidad penal”, señaló Cepeda.
“Además, contempla circunstancias agravantes cuando esta conducta es llevada a cabo por un servidor público, especialmente aquellos que ejercen funciones de alto nivel en el Estado, pues las penas se ven incrementadas de manera sustancial. También busca sancionar a quienes intenten desviar o sustraer fondos públicos destinados a la paz o promover actos de corrupción”, añadió.
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El proyecto de ley nace producto de algunos hechos que se han presentado en Colombia como las interceptaciones de las que fueron víctimas algunos negociadores de paz del Gobierno, los ataques a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), el asesinato de defensores de derechos humanos y líderes sociales, entre otros.
