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En la Constitución de Colombia está establecido que es la Comisión de Acusaciones la que históricamente se ha encargado de la investigación de los altos dignatarios del país: Presidente de la República, Fiscal General y magistrados de las Cortes, entre otros.
Pese a los grandes esfuerzos que se han hecho para garantizar que ese mecanismo pase a operar con efectividad en la intención de mantener el sistema de pesos y contrapesos entre las ramas del poder, realmente ha sido pobre la efectividad de la Comisión en varios procesos.
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En los recientes años solo han sido dos los procesos que han llegado a tener una decisión de fondo: Jorge Ignacio Pretelt por el sonado caso de Fidupetrol y Gustavo Malo por el Cartel de la Toga.
A propósito de este debate, la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, confirmó la intención del Gobierno de hacer un completo revolcón al mecanismo de investigación y juzgamiento de los aforados.
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El propósito es modificar la ley Quinta –reglamento del Congreso– para mejorar la capacidad de la Comisión de Acusaciones en el análisis jurídico y las mismas indagaciones.
“Queremos de verdad establecer con claridad si lo que sigue es un proceso disciplinario o proceso penal. Para estos se aclara la naturaleza de los dos juicios donde el disciplinario es por indignidad y el penal que va directamente a la Corte Suprema de Justicia”, explicó en Voces RCN.
Lo cierto es que la intención, de acuerdo a la ministra, es dejar ese lastre de Comisión de ‘Absoluciones’ que por décadas ha tenido la Comisión de Acusaciones que investiga la conducta de los aforados del país.
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