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Se conoció la ponencia del magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Alfonso Campo, quien radicó una ponencia en la que pide que se niegue la escisión del Movimiento de Autoridades de Indígenas Social (MAIS), situación que no permitiría el nacimiento del partido político Progresistas.
El nacimiento de la nueva fuerza política ha sido una constante que han liderado desde los sectores de izquierda, la senadora y precandidata presidencial María José Pizarro, y los representantes a la Cámara Heráclito Lendínez y David Racero, quienes buscan que se dé vía libre a la Unión de todos los partidos que conformaron la coalición del Pacto Histórico para las elecciones de 2022.
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La ponencia del magistrado Campo se genera luego que la parlamentaria Pizarro interpusiera una acción de tutela en la que pedía respuestas al CNE sobre la escisión del MAIS, una solicitud que los congresistas habían realizado desde enero pasado.
La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral será la que tenga la última palabra en torno a la ponencia del magistrado. El documento necesita, para su aprobación, obtener seis de nueve votos. De acuerdo a la decisión adoptada por los magistrados de definirá también el futuro de la que sería la nueva fuerza política del progresismo en el país.
Las cargas
Por otro lado y según las fuerzas políticas dentro del CNE, las magistradas Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez serían las que aporten los dos votos fijos en favor de los progresistas, y se especula que podría entrar un tercer apoyo, que nacería del magistrado Altus Baquero.
Los próximos días serán fundamentales para que se defina el futuro de Progresistas, pues la fusión de los partidos de izquierda está en juego a menos de un mes y medio de las consultas a donde esperan llegar como Pacto Histórico, unión que ya fue aprobada por las colectividades.
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Sin embargo, además de la ponencia del magistrado Alfonso Campo, los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica, que ya aprobaron su ingreso al Pacto, tendrán que sortear y salir limpios de las investigaciones por presunta financiación irregular durante la campaña de 2022, que llevó a Gustavo Petro a la Casa de Nariño.
