Miguel Ceballos, alto comisionado de paz (izq) y guerrilleros del ELN (der)
Miguel Ceballos, alto comisionado de paz (izq) y guerrilleros del ELN (der)
Fotos de Colprensa y AFP
11 Abr 2019 11:18 AM

Los riesgos para proceso con ELN que representa la JEP, según Miguel Ceballos

El Comisionado para la Paz dice que la norma le quita la facultad al Gobierno de verificar listas de desmovilizados.
Daniel Jerez
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Jerez
@DanielJerezP

El alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, hizo una fuerte advertencia con respecto a la ley estatutaria de la Jurisdicción de Paz, que fue objetada parcialmente por el presidente Iván Duque. 

Según Ceballos, si el Congreso no acoge estos reparos, se afectaría un eventual proceso con la guerrilla del ELN y con otros grupos armados ilegales. 

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El comisionado explicó que la ley estatutaria le quita las facultades al Gobierno para verificar las listas de desmovilizados y le entrega esa función a la propia JEP, específicamente a la Sala de Amnistía.

Para el funcionario, eso sería completamente inconveniente, ya que esa jurisdicción es la que juzga a quienes se acogieron al proceso de paz.

“Preocupa al Gobierno que está indeterminación de esa facultad afecte procesos presentes como el que se viene implementando con las Farc, como un eventual proceso con el ELN, porque es la Justicia Especial para la Paz la que termina determinando quienes son miembros o no de un grupo armado organizado y a su vez tendrían que ser jueces de ellos”, señaló.

Dijo además que una medida de esta naturaleza abre la posibilidad de que haya colados en las listas de desmovilizados.

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“Existe la posibilidad de que personas que quieran aprovechar esta indeterminación en la facultad que tendría el alto comisionado para la paz, podría generar riesgos de personas que no siendo parte de los grupos armados, quisieran aprovecharse de esto”, manifestó.

Ceballos dijo además que es el Gobierno el responsable de adelantar los procesos de negociación con los grupos ilegales y es el comisionado de paz el que tiene la responsabilidad política de verificar quien tiene derecho a acceder a los beneficios de la Justicia Transicional.

Fuente
Sistema Integrado de Información