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Si algo han tenido claro los colombianos es que las elecciones de 2018 donde se definirá al nuevo Presidente y Congreso de la República marcarán el derrotero frente a la intención de acabar con la corrupción en Colombia.
Hay quienes han insistido que con la salida de las Farc del conflicto, la tarea que ahora viene y que es objetivo con miras a los comicios, debe ser derrotar el clientelismo.
Al respecto, desde el Partido Liberal dicen que menos del 75 % de los implicados en casos de corrupción no pagan cárcel.
“En Colombia del 100 % de los llamados delitos de cuello blanco que se registran, 25 % pagan cárcel con un promedio de penas que no superan los 24 meses. Otro 25 % queda en arresto domiciliario y el 50 % restante siguen libres demostrando que tenemos un sistema de justicia laxo frente a la corrupción que se debe cambiar con urgencia” afirma, el exconcejal Horacio José Serpa.
Los delitos en contra la administración púbica se configuran en su mayoría por la celebración indebida de contratos, cohecho o tráfico de influencias demostrando que hay una latente alteración ilícita de los procesos.
“En Colombia tenemos la obligación de perseguir los capitales de los corruptos y sancionar a todos quienes hayan tenido negocios ilícitos con estos. Los agravantes de las penas deben duplicarse si el corrupto no devuelve la integridad de los dineros robados. También, se requiere mayor competencia entre proponentes en las licitaciones públicas, para lo cual tenemos el reto de trabajar de la mano con las entidades territoriales que deciden qué requisitos deben cumplir quienes aspiren a ganar una licitación”, propuso el candidato al Senado.Y agregó: “Es un deber del nuevo Congreso de la República el endurecimiento de las normas contra los corruptos y la eliminación de cualquier posibilidad de beneficio para reducir la pena. De igual forma, necesitamos lograr el cambio de un enfoque reactivo en el cual castigamos después de que se ha generado el daño, a un modelo preventivo en el cual velemos por aumentar el cumplimiento de las leyes, la transparencia del gasto público y mecanismos que alerten a tiempo los indicios de corrupción”.
Uno de esos ejemplos que es cuestionado por los ciudadanos frente a la corrupción fue el caso del exsenador Bernardo Miguel ‘Ñoño’ Elías Vidal. El miércoles las redes sociales colapsaron frente la indignación de los ciudadanos por la corta condena de seis años y ocho meses de prisión en contra del político por hechos de corrupción.
