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El pasado 24 de octubre de 2025, el gobierno de Venezuela liberó a 17 colombianos que permanecían detenidos en cárceles de ese país, luego de varios meses de diálogos liderados por la Cancillería colombiana.
Ese grupo hizo parte de un primer avance en las gestiones diplomáticas que se venían adelantando para lograr el retorno de ciudadanos retenidos en medio de denuncias por falta de debido proceso.
Para noviembre estaba prevista la liberación de al menos 89 connacionales adicionales. Sin embargo, el Gobierno venezolano decidió frenar el proceso.
La medida se tomó justo después de que la canciller colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio, diera declaraciones al medio Bloomberg en Madrid sobre eventuales alternativas para que Nicolás Maduro saliera del poder. Entre ellas, mencionó la posibilidad de que no tuviera que ir a prisión.
Según el Gobierno colombiano, las declaraciones de Villavicencio fueron “tergiversadas” por la opinión pública y los medios de comunicación, terminaron generando malestar en el régimen venezolano y afectaron directamente el avance de las negociaciones para lograr nuevas liberaciones.
Declaraciones de Villavicencio
“Maduro estaría dispuesto a aceptarlo. Podría irse sin necesidad de acabar en la cárcel; otra persona podría liderar esa transición y permitir elecciones legítimas”, afirmó Villavicencio, según Bloomberg.
La canciller agregó que este plan de salida segura para Maduro podría ser ahora “la opción más sana”. Sin embargo, advirtió que la iniciativa requeriría del respaldo de la oposición venezolana, encabezada por la Nobel de Paz María Corina Machado.
“Atrapados en el infierno chavista”
En medio de este escenario, se mantienen los relatos de colombianos que han estado detenidos en cárceles venezolanas. El diario El Tiempo, en su artículo “Atrapados en el infierno chavista: así viven los colombianos secuestrados por el régimen de Nicolás Maduro”, describe situaciones de connacionales, que según sus versiones, fueron privados de la libertad sin haber cometido delito alguno y sin que se les respetara el debido proceso.
“Es una orden presidencial secuestrar gente para hacer parecer que todos quieren matar a Maduro. Ellos saben que uno es inocente”, aseguró Wilson Javier Vargas Jiménez, quien viajó a Venezuela, específicamente al municipio de San Cristóbal, a llevar unos medicamentos aprovechando su presencia en Colombia tras llegar desde Estados Unidos.
Por su parte, el abogado cucuteño Edwin Iván Colmenares, liberado hace apenas un mes, relató a ese medio: “Esto es completamente político. Teníamos claro que éramos fichas de cambio, porque nadie sabe cuándo va a salir. Hay personas que llevan siete años detenidas sin juicio ni abogado”.
