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El presidente de la República, Iván Duque objetó parcialmente la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Así las cosas, parte de su articulado deberá regresar al Congreso de la República para revisión y de allí pasará a la Corte Constitucional.
Debido a esto, el Congreso de la República debatirá si las objeciones presentadas por el jefe de Estado en seis artículos de la ley estatutaria tienen fundamento o no.
El pasado 20 de febrero Duque afirmó que la decisión que tomaría sobre la sanción a la ley estatutaria, que ya fue aprobada por el Congreso de la República y la Corte Constitucional, estaba orientada a la búsqueda de la verdad.
El primer mandatario sostuvo que presentará ante el Congreso una reforma constitucional para modificar el acto legislativo 01 de 2017 para mejorar la Jurisdicción Especial para la Paz.
El primer punto hace referencia a la exclusión de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes de la justicia transicional. "Nada, ninguna ideología, absolutamente nada, justifica la aberrante agresión a los más vulnerables de la sociedad".
En la reforma, señaló el jefe de Estado, se debe establecer que quien reincida en las actividades criminales perderá todos los beneficios que se establecieron tras la firma del acuerdo final de paz.
"Este acto legislativo debe dejar en claro que todas las conductas delictivas que se hayan iniciado antes del primero de diciembre de 2016 y que continúen ejecutándose después de esa fecha serán competencia de la justicia ordinaria para asegurar los principios de justicia y no repetición", precisó.
La determinación la tomó el jefe de Estado a pesar de los llamados de los delegados de Cuba y Noruega a no hacerlo. Estos países, garantes de los diálogos de paz entre el Gobierno colombiano y las Farc, le pidieron al presidente Iván Duque, el viernes anterior, que no objetara la ley que reglamenta la Justicia Especial para la Paz (JEP), encargada de juzgar los crímenes cometidos en el conflicto armado.
A través de una carta abierta, los delegados Dag Nagoda, de Noruega, e Iván Mora Godoy, de Cuba, le hicieron un llamado al mandatario para proteger el acuerdo de paz, firmado en 2016, a través de la ley estatutaria de la JEP. "La adopción de la ley estatutaria para la aplicación de la JEP, después de ser aprobada por las entidades correspondientes, constituiría un paso esencial en la preservación y continuación del acuerdo final alcanzado", indicaron los representantes de los gobiernos garantes.
En el texto consideraron que dicha ley "será un modelo para garantizar la verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas de conflictos en otros procesos de paz en el mundo".
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Al respecto, Nagoda y Godoy sostuvieron que "si este camino es objetado se dañará la columna vertebral sobre la cual se construyó el acuerdo y quedará en vilo la implementación en sus aspectos más fundamentales". Por lo anterior alertaron sobre "las impredecibles consecuencias que conducirá la impugnación de la ley estatutaria, en particular su respectiva afectación a las víctimas y los excombatientes que ya han dejado las armas para ser parte de la legalidad".
