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A partir de este sábado, 29 de enero, entró en vigencia la Ley de Garantías que busca la igualdad de condiciones en los procesos electorales, promueve la transparencia de los recursos públicos y prohíbe la de contratación directa.
Sin embargo, según los datos más recientes de Colombia Compra Eficiente, con corte al 27 de enero, se habían celebrado más de 270.000 contratos.
Además, es de resaltar que el Ejecutivo realizó una modificación a la Ley de Garantías que permite la suscripción y celebración de convenios interadministrativos con las entidades territorialespara la ejecución de programas y proyectos correspondientes al Presupuesto General de la Nación, bajo el control especial de la Contraloría, durante los cuatro meses anteriores a la elección presidencial.
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Frente a esa modificación, gremios empresariales y organizaciones expresaron su preocupación por los casos de corrupción que se pueden dar con la celebración de esos convenios.
Al respecto, Julio José Orozco, abogado, analista y arbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá, explicó que “con ocasión de los graves efectos económicos que ha ocasionado la pandemia es natural que se le diera un poco de oxígeno a esa metodología que tienen las entidades de colaborarse entre ellas, es decir, de celebrar convenios interadministrativos que no es otra cosa que contratos estatales, pero entre entidades del Estado”.
Agregó que “esa fue una modificación oportuna que permite un margen más sensato al Estado para enfrentar los efectos económicos que la pandemia, sobre todo en sus finanzas, le ocasionó.Por ahora, ninguna autoridad nacional a nivel judicial ha interpuesto alguna talanquera a esa prórroga que oportunamente el Gobierno y el Congreso trajeron a colación”, agregó.
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Sobre el riesgo del aumento de corrupción en el país, Orozco manifestó que “confiemos en los entes de control, es decir, la Contraloría, la Procuraduría y hasta la misma Fiscalía y las oficinas de control interno de cada ente para que en uso de la acción sea disciplinaria estas cosas no pasen porque todavía estamos en un escenario de emergencia y tenemos que confiar en el Estado”.
También se refirió a los cerca de 270.000 contratos que se han adelantado. “Uno podría pensar algo así, pero el Gobierno se salva porque expidió hace unos meses una circular donde le llamaba la atención a todo el Estado y a todos los entes territoriales para que no se dejaran colgar en el tiempo con la contratación, pero lastimosamente siempre se deja todo para el final”, concluyó.
