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El artículo que introdujo el Gobierno Nacional en el Presupuesto General de la Nación para modificar parcialmente el funcionamiento de la Ley de Garantías Electorales en el 2022, continúa generando polémica entre los diferentes sectores políticos del país.
Mientras los partidos de gobierno defienden la propuesta para no paralizar la puesta en marcha de los proyectos productivos, desde la oposición afirman que se trata de un 'mico' para interferir en el proceso electoral del 2022.
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El senador Iván Cepeda manifestó que “el intentar que la ley de garantías no opere es ni más ni menos que una especie de licencia para que se utilice la contratación estatal con fines electorales por parte del uribismo y del actual Gobierno. Esa propuesta es demostrativa que el Gobierno de Iván Duque no da garantías para que el certamen electoral del 2022 transcurra de manera transparente y segura”.
Sin embargo, el senador del Centro Democrático Ciro Ramírez explicó que la Ley de Garantías no se eliminará, sino que se ajustará para garantizar que no se frene el desarrollo de las regiones. Advirtió que no se van a evadir las normas sobre la transparencia en los procesos de contratación pública.
“Para no frenar el desarrollo de los territorios se quiere modificar un parágrafo de la Ley de Garantías que permita los convenios interadministrativos entre Alcaldías, Gobernaciones y Gobierno Nacional. De otra manera, estas administraciones tendrían que tener los convenios interadministrativos antes del 13 de noviembre y después solo se podría con el siguiente Gobierno porque la Ley de Garantías se acabaría en junio y el presidente se va el 07 de agosto”, indicó.
Otros sectores le recordaron al presidente Iván Duque que cuando el Gobierno de Juan Manuel Santos intentó derogar la Ley de Garantías, él se opuso a esa posibilidad.
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El precandidato presidencial Sergio Fajardo dijo: “¿Qué pasó acá presidente Duque? No más mezquindad política: no puede ser que como oposición derogar la ley de garantías sea un signo evidente de corrupción y como gobierno sea un estímulo necesario a la economía. Absolutamente inaceptable”.
El presidente Duque ahora defendió este artículo incluido en el Presupuesto General de la Nación, con el fin de evitar que los proyectos se paralicen alrededor de un año.
