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La defensa de la embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia, respondió a la queja disciplinaria presentada ante la Procuraduría General de la Nación por el concejal de Bogotá Daniel Briceño, quien la acusa de estar inhabilitada para ejercer el cargo diplomático por integrar la Junta Directiva del Fondo Nacional de Garantías (FNG).
En diálogo con La FM, la abogada Lina Sandoval calificó la denuncia de Briceño como un acto de “mala fe” y anunció que emprenderá acciones disciplinarias en su contra.
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“Lo primero es que nosotros vamos a presentar una acción disciplinaria en contra del señor Briceño, porque actuar de mala fe y con ignorancia supina de la ley es sancionable disciplinariamente”, afirmó la jurista.
Según explicó, la participación de Sarabia en la junta del FNG no constituye una inhabilidad, pues su designación se encuentra amparada en el Decreto Ley 274 de 2000, que regula el servicio exterior colombiano y autoriza a los embajadores a representar entidades estatales por encargo oficial.
“La doctora Laura Sarabia no incurre en ninguna prohibición al hacer parte de la Junta Directiva del Fondo Nacional de Garantías. Su designación se enmarca dentro de un encargo oficial expresamente autorizado por el Decreto Ley 274 del 2000. No se trata de un empleo adicional, sino de una función pública legítima y expresamente permitida por la ley”, subrayó Sandoval.
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La abogada también cuestionó el desconocimiento del concejal sobre el funcionamiento de estas instancias, al señalar que las reuniones del Fondo Nacional de Garantías se realizan de manera virtual, por lo que la embajadora “no ha incurrido en ningún gasto ni ha descuidado sus funciones diplomáticas”.
“Quienes conocen su compromiso con el servicio público saben que, si en algún momento su participación en la junta llegara a interferir con sus funciones diplomáticas, ella evaluaría sin ningún problema apartarse de la Junta”, puntualizó.
Finalmente, Sandoval invitó al concejal a revisar los antecedentes de gobiernos anteriores.
“Sería bueno que el señor Briceño revise desde el gobierno anterior hacia atrás, por lo menos en los últimos cinco gobiernos, cuántos funcionarios públicos fueron miembros de juntas directivas”, concluyó.
Entre tanto, la denuncia de Briceño pide a la Procuraduría investigar si Sarabia vulneró el artículo del Decreto 274 que impide a los embajadores ocupar simultáneamente cargos en juntas directivas de entidades estatales, salvo que renuncien previamente a ellos.
