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La investigación por el escándalo de corrupción que rodea a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sigue escalando en el país.
La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió acusar formalmente a cinco congresistas en ejercicio y un excongresista por el delito de cohecho impropio, al considerar que existen indicios de que habrían aceptado beneficios a cambio de influir en decisiones relacionadas con operaciones de crédito del Gobierno.
Como parte de la decisión judicial, el alto tribunal ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para dos de los implicados, mientras que los demás continuarán vinculados al proceso en libertad.
Los congresistas vinculados al escándalo de la UNGRD
Dentro del expediente aparecen seis nombres señalados por la justicia en este caso de presunta corrupción.
- Wadith Manzur, senador del Partido Conservador
- Karen Manrique, representante a la Cámara elegida por curul de paz y ahora vinculada al movimiento MAIS
- Liliana Esther Bitar Castilla, senadora del Partido Liberal
- Juan Pablo Gallo Maya, congresista liberal
- Julián Peinado Ramírez, congresista del Partido Liberal
- Juan Diego Muñoz Cabrera, excongresista de la Alianza Verde
De acuerdo con la decisión de la Corte, Manzur y Manrique deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras continúa el proceso judicial en su contra.
Qué investiga la Corte en el caso UNGRD
La investigación se centra en hechos ocurridos durante el segundo semestre de 2023, cuando varios congresistas integraban la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
Según la Corte Suprema, en ese periodo se habrían realizado reuniones entre legisladores y funcionarios del Ministerio de Hacienda para discutir la aprobación de operaciones de crédito que requerían concepto favorable de esa comisión.
La hipótesis de los investigadores señala que algunos congresistas habrían respaldado esos trámites a cambio de beneficios relacionados con contratos y proyectos financiados a través de la .
Las obras mencionadas en la investigación judicial estarían ubicadas en diferentes regiones del país.
Entre los departamentos señalados aparecen:
- Córdoba
- Arauca
- Bolívar
De acuerdo con los documentos analizados por la Corte, durante varios encuentros se habrían discutido los montos y las condiciones de los beneficios que recibirían los legisladores.
¿Qué pasará con los cargos de los congresistas?
Tras la acusación formal, la Corte Suprema notificará al Congreso de la República sobre la decisión judicial.
Esto abre la puerta para que los legisladores investigados sean suspendidos temporalmente del ejercicio de sus funciones mientras avanza el proceso penal.
Una vez la decisión quede en firme, el caso pasará a la Sala Especial de Primera Instancia, que será la encargada de continuar el juicio.
