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En la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes ha rondado en los últimos días una orden de exámenes toxicológicos y psicológicos para el presidente Gustavo Petro.
La decisión, lejos de ser inminente, atraviesa un escenario complicado. La FM conoció detalles de lo que parece una relación cada vez más distante entre la Casa de Nariño y el Congreso.
El plan es que las evaluaciones médicas sean parte de un expediente que cursa contra el mandatario por las tres cartas que el excanciller Álvaro Leyva publicó en abril asegurando que Petro tiene una adicción a las drogas.
Aunque el propio Leyva dijo en la Comisión que nunca fue testigo directo de algún consumo descontrolado, la célula ha tratado de avanzar en la recolección de pruebas que nutran el proceso, que es a la vez penal y disciplinario.
Difícilmente algo ocurrirá, porque los hechos que narra Leyva no tienen evidencia hasta ahora y sucedieron hace meses. Pero fuentes aseguraron que entre el ministro del Interior, Armando Benedetti, y la Comisión en la Cámara ha habido ruidos.
El representante Carlos Cuenca Chaux, de Cambio Radical, es el investigador del caso. Las normas indican que no puede ser instructor penal y disciplinario a la vez, así que tiene que romper el proceso y convertirlo en dos distintos.
A Cuenca lo acompañan Olga Lucía Velásquez —verde—, quien denunció en junio que el auto que abrió la investigación tenía irregularidades, y Wadith Manzur —conservador—, una de las figuras del escándalo de la Unidad de Gestión del Riesgo.
Para que la orden de exámenes sea efectiva, necesita que el triunvirato la avale, lo que hasta ahora no es nada probable. Pero entre algunos miembros de la Comisión se cree que Cuenca, opositor, podría estar observando sus alternativas.
La ruptura procesal es clave. Cuando Cuenca la ejecute, se quedará con el expediente disciplinario, y el penal pasará a la presidencia de la Comisión, que encabeza Gloria Arizabaleta, para que lo reparta entre los demás integrantes.
Arizabaleta resultó elegida con La Fuerza de la Paz, el partido de Roy Barreras, su exesposo. Aunque es parte del Pacto Histórico, no guarda una relación cercana con el Gobierno nacional. Por ejemplo, no participó en la consulta del 26 de octubre.
Y Alirio Uribe, representante del Pacto que consiguió un poco más de 15,4 mil votos en su intento de ser parte de la lista cerrada de la coalición para el Senado, ni siquiera la postuló para presidir, aunque han investigado juntos la campaña de Petro.
El distanciamiento entre Arizabaleta y el Ejecutivo termina de marcar la enemistad con la Comisión. “La relación con el Gobierno es nula”, dice una fuente. “Tiene bien atendidas las comisiones Cuarta y Tercera, y la de Acusación, nada”, añade.
La Comisión, en todo caso, está permeada por la desorganización. Pese a que intenta sesionar cada miércoles, las jornadas se levantan por una vasta falta de quórum. El 5 de octubre solo hubo cuatro miembros, y el 29, únicamente seis.
Uno de ellos es Jairo Corzo, el secretario. Una manzana de la discordia. Se dice que es el único que tiene un buen lazo con la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Lizeth Rodríguez, y con la defensa de Petro.
“En estricto derecho”, explica una fuente, “nadie defiende al presidente”. Pero Corzo, al parecer, filtra información relevante para favorecer al mandatario, lo que ha provocado desprecio por parte de la mayoría de los representantes.
Actualmente, la Comisión de Investigación y Acusación cuenta con más de 3.000 procesos, que no solo incluyen a Petro, sino a magistrados de altas cortes, la fiscal Luz Adriana Camargo y el exfiscal Néstor Humberto Martínez, entre otros.
La representante con menos casos es Karyme Cotes, con unos noventa —incluyendo una demanda de Enrique Vargas Lleras contra Petro por injuria en acusaciones sobre Nueva EPS—, y el que tiene más es Manzur, con 240.
Además del expediente sobre Leyva, otros dos procesos contra Gustavo Petro han seguido su curso de forma relativamente normal. El primero, una denuncia de Keralty por discriminación, en el que está próximo a salir un llamado a conciliar.
El segundo, el caso de violación de topes de la campaña de 2022. El 5 de octubre el triunvirato que lo investiga —Arizabaleta, Uribe y Wilmer Carrillo— inspeccionó el Consejo Nacional Electoral (CNE) para conocer qué pruebas tenían.
La Comisión se nutre de los rastros que el CNE y la Fiscalía siguen contra las cuentas de la campaña. El CNE tiene pendiente debatir una ponencia que dice que sí se violaron los topes, y la Fiscalía aún no imputa a nadie.
