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Continúa el debate en los sectores políticos del país por la ponencia que presentaron algunos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), en la que piden formular pliego de cargos contra el presidente Gustavo Petro y otros miembros de su campaña por posibles irregularidades en su financiación.
Consultados algunos expertos en esta materia, los mismos tienen posiciones divididas en torno a si el CNE es o no competente para imponer una sanción de manera directa contra el Jefe de Estado.
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El exregistrador delegado para asuntos electorales Alfonso Portela, cree que lo correcto es enviar el proceso contra Petro a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
“En lo que respecta al señor presidente de la República, el Consejo Nacional Electoral lo que debe hacer es enviar a la Comisión de Acusación para que ellos continúen con el trámite de investigación y establecer la responsabilidad directa del señor presidente. Aquí el proceso se separa y en manos del CNE quedaría el gerente de la campaña, el tesorero y el auditor de la misma, pero en lo que respecta al mandatario pasa a la Comisión de Acusación por el fuero especial que tiene”, indicó.
El abogado Hollman Ibáñez tiene una tesis contraria, ya que considerá que el Consejo Electoral sí pude tomar determinaciones administrativas contra el jefe de Estado, porque su fuero solo es para investigaciones de carácter penal.
“La Constitución Política de Colombia establece las funciones y obligaciones del CNE, entre ellas, investigar, sancionar a campañas, a candidatos, a partidos y movimientos políticos”, dijo.
Y añadió: “Es cierto que el presidente tiene un fuero, pero solamente es para asuntos del orden penal. Este proceso se da a través del derecho sancionador, luego del CNE sí tiene competencia para investigar y sancionar con multa la campaña presidencial, el gerente y el hoy presidente Gustavo Petro”.
El exmagistrado del CNE Pedro Felipe Gutiérrez advierte que el proceso contra Gustavo Petro solo debería enviarse a la Comisión de Acusación si la sala plena del tribunal electoral aprueba la ponencia que se presentó.
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“En lo que atañe al presidente de la República es competente para entrar a determinar si en una campaña electoral se violaron las cuantías máximas y si se establece que sí hubo violación, una de las consecuencias debe ser correrle el traslado a la Comisión de Acusación para que adelante el proceso de indignidad”, dijo.
Lo cierto es que el Gobierno, a través del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, considera que una autoridad administrativa no pude indagar al presidente de la República y por eso considera que el CNE debe enviar el expediente a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
