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Exmagistrados de las altas cortes y abogados expertos en Derecho Constitucional aseguraron que la pelea entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal general, Francisco Barbosa, no tiene sentido, pues ambos se equivocan en sus afirmaciones.
Aseguraron que el presidente se equivocó al plantear que puede activar mecanismos constitucionales y del derecho internacional, cuando la Fiscalía no garantiza administración de justicia.
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Mencionaron que no necesariamente por ser presidente, el fiscal debe responder a sus solicitudes de información, pues es un derecho que tienen todos los ciudadanos.
"Tanto el presidente como el fiscal están equivocados. La Constitución no le otorga al presidente de la República una superioridad jerárquica sobre el Fiscal General, pero si le puede indagar al fiscal general, acerca del ejercicio de sus funciones, porque es algo que interesa a toda la Nación. Los colombianos tenemos derecho a que se nos informe en qué van esas investigaciones de esos delitos de tanta gravedad", señaló José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constitucional.
También respondieron a sobre una posible investigación que solicite el presidente de la República, pero hicieron énfasis en mencionar que el mandatario no tiene potestad para ordenar al fiscal, pues respaldaron el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia que ratificó que el director del organismo investigador no tiene jefe.
"El órgano competente de investigar penalmente al Fiscal General de la Nación por eventuales delitos o faltas en ejercicio de sus funciones, es la Comisión de acusaciones de la Cámara. El presidente no le puede ordenar, el presidente no lo puede requerir, no puede nombrar un fiscal sustituto, es decir no lo puede destituir porque no es un funcionario de su libre nombramiento y remoción", explicó Álvaro Navas, experto constitucionalista.
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Además, exconsejeros de Estado también se sumaron al llamado del presidente de la Corte, Fernando Castillo, pues en una carta firmada por 25 exmagistrados del alto tribunal, pidieron que las instituciones respeten por la independencia de poderes, las funciones y responsabilidades de cada rama del poder público.
