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Una nueva controversia política y jurídica se abre en el país luego de que candidatos al Senado del Partido Oxígeno acudieran a la justicia para solicitar que avance un proceso que podría tener implicaciones directas sobre la permanencia del presidente en el cargo.
Los candidatos al Senado del Partido Oxígeno informaron que interpusieron una acción de cumplimiento con el propósito de que una autoridad judicial ordene a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes iniciar el trámite correspondiente para estudiar la pérdida del cargo del presidente Gustavo Petro, por la presunta violación de los topes de financiación de su campaña presidencial de 2022.
Argumentos de la acción judicial
Según los accionantes, la solicitud se fundamenta en la Resolución 11008 emitida por el Consejo Nacional Electoral, en la que se habría comprobado una violación de los límites de financiación por un monto cercano a los 5.355 millones de pesos, equivalente al 15 % de lo permitido por la ley.
“Si nosotros logramos que le quiten el cargo a Petro, ningún otro presidente ni candidato presidencial se va a atrever en el futuro a hacer lo que hicieron estos y lo que hicieron todos antes que él. Es decir, financiarse por encima de los topes haciendo trampa”, dijo Ingrid Betancourt, durante un encuentro con los medios en la Plaza de Bolívar.
De acuerdo con los demandantes, esta decisión generaría una obligación legal para que la Comisión de Investigación y Acusación adelante el procedimiento constitucional previsto en el artículo 109 de la Constitución Política y en el numeral 4 del artículo 20 de la Ley 996.
La acción de cumplimiento busca que se ordene a dicha comisión avanzar formalmente en el trámite correspondiente, al considerar que existe un deber jurídico que, según sostienen, debe ejecutarse sin dilaciones.
Alcances constitucionales y debate político
Los candidatos del Partido Oxígeno señalaron que la iniciativa judicial pretende garantizar principios como la supremacía constitucional, el Estado de derecho, la división de poderes, el principio de legalidad y la transparencia electoral, así como la responsabilidad política frente al financiamiento de campañas.
El recurso se presenta en medio de un ambiente político marcado por fuertes discusiones sobre la financiación electoral y el alcance de las decisiones administrativas del sistema electoral colombiano.
Ahora será la justicia la que determine si procede ordenar a la Comisión de Investigación y Acusación avanzar en el trámite solicitado, un proceso que podría abrir un nuevo capítulo de debate jurídico y político en el país.
Comparando este caso con el de Samper
Con Petro la situación es aún más delicada, explicó la candidata Ingrid Betancourt, “porque nos lleva de lleno al tema de Samper, en ese momento no se condenó. Y hoy Petro está haciendo lo mismo y es que recibir plata del narcotráfico.
Así mismo la vocera del partido Oxígeno dijo que “cuando un presidente es elegido con plata del narcotráfico, le sirve a los narcotraficantes”.
