Corte Suprema indaga a Saray Robayo por su aparente influencia en la Fiduprevisora

El alto tribunal aún debe establecer los delios que Robayo habría cometido, pero, tras una denuncia en su contra, abrió el proceso.
La Corte Suprema de Justicia abrió una indagación contra la representante Saray Robayo, del Partido de la U, por sus aparentes influencias en la Fiduprevisora.
La Corte Suprema de Justicia abrió una indagación contra la representante Saray Robayo, del Partido de la U, por sus aparentes influencias en la Fiduprevisora. Crédito: Colprensa | @sarayrbechara en X | Ilustración de La FM

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación en contra de la representante a la Cámara Saray Robayo, del Partido de la U, por su aparente influencia en la fiduciaria La Previsora, Fiduprevisora, una sociedad que administra recursos billonarios de políticas estatales.

El alto tribunal echó a andar el caso menos de un mes después de una denuncia de la Red de Veedurías de Colombia, RedVer. Aunque la organización, que lidera el abogado Pablo Bustos, puso de presente un presunto tráfico de influencias, la Corte aún debe determinar los supuestos delitos por los que Robayo responderá.

Saray Elena Robayo Bechara es una abogada cordobesa hija de la dos veces rectora de la Universidad del Sinú, Ilse Bechara, quien ocupó cargos públicos en los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Y es prima de Erasmo Zuleta Bechara, el gobernador de Córdoba que volcó su capital para que Robayo superara los cien mil votos en las legislativas de 2022.

Hace más de un año, en febrero de 2025, la misma Sala de Instrucción abrió otra indagación —la etapa previa o preliminar de una causa penal— contra Robayo porque supuestamente, según el exministro de Comercio Luis Carlos Reyes, fue una de las congresistas que le pidió nombramientos en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) cuando fue director.

La Fiduprevisora, los contratos y el presunto entramado de influencias

El magistrado Francisco Farfán, hoy presidente de la Sala de Instrucción, arrancó aquel proceso. La magistrada Cristina Lombana, por su parte, tiene en su despacho el caso de la Fiduprevisora, la entidad encargada de administrar, entre otros, los recursos del sistema de salud de los docentes —el Fondo de Prestaciones, Fomag—, que ascienten a unos 45 billones de pesos.

La 'Fidu' también maneja billonarias cifras del Fondo para la Gestión del Riesgo de Desastres, que dirige la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, la UNGRD, que hasta principios de junio estuvo al mando de Carlos Carrillo, el exconcejal que renunció para hacerle campaña al candidato presidencial oficialista, el senador Iván Cepeda, de cara a la segunda vuelta.

Justo antes de la segunda jornada de los comicios, la fiduciaria firmó varios convenios para trasladar plata a distintos sectores la alimentación escolar o la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario. Todo, después de que en mayo contratara como asesor a Julián Habib Saade, quien gana casi dieciocho millones de pesos al mes.

Habib, un hombre aparentemente reputado en La Previsora, podría ser una ficha de Robayo. En abril, durante el Festival Vallenato en Valledupar, resultó fotografiado cerca al megacontratista Emilio Tapia, dos veces condenados por graves escándalos de corrupción.

El futuro judicial de Robayo tras su salida del Congreso

Tapia es pareja de Robayo, y el año pasado se comentaba que movería sus fichas para que la representante cordobesa saltara al Senado en las legislativas de 2026, algo que ella descartó a mediados de diciembre para dedicarle tiempo a su familia. Pausar su carrera política fue "una decisión muy difícil", comentó.

La Red de Veedurías aseguró ante la Corte Suprema, en su denuncia contra Robayo, que Habib Saade le reporta a la congresista "diariamente" los "movimientos" y las decisiones de la entidad. "En la Fiduprevisora no se movería ninguna decisión relevante sin el visto bueno de Saray Robayo y de Emilio Tapia", remachó Pablo Bustos, quien está citado a ampliar su denuncia el 16 de julio.

El 20 de julio se posesionará un nuevo Congreso, sin Saray Robayo. Después vendrá el debate sobre las indagaciones contra la monteriana: si deben archivarse, si se abre investigación formal o si saltan a la Fiscalía por la pérdida del fuero de la abogada.

Y el período de la magistrada Cristina Lombana en la Sala de Instrucción se terminará en octubre, igual que el del togado Francisco Farfán. La discusión en la Corte Suprema después de julio se centrará en si las posibles conductas criminales se relacionan con las funciones de Robayo como legisladora.

Claves del tema, en cuatro preguntas:

¿Por qué la Corte Suprema abrió una indagación contra Saray Robayo?

La Sala Especial de Instrucción inició una indagación preliminar para establecer si la representante a la Cámara ejerció una influencia indebida sobre la Fiduprevisora, tras una denuncia de la Red de Veedurías de Colombia. En esta etapa, la Corte busca verificar los hechos y determinar si existen posibles delitos relacionados con las actuaciones atribuidas a la congresista.

¿Qué relación tendría Saray Robayo con la Fiduprevisora?

Según la denuncia, la congresista habría tenido injerencia en decisiones de la fiduciaria a través del asesor Julián Habib Saade, quien supuestamente le reportaba el funcionamiento interno de la entidad. El denunciante sostiene que decisiones relevantes en la Fiduprevisora requerían el visto bueno de Robayo y del contratista Emilio Tapia, pareja de la representante.

¿Qué papel cumple la Fiduprevisora y por qué es una entidad clave?

La Fiduprevisora administra recursos billonarios del Estado, entre ellos los del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y del Fondo para la Gestión del Riesgo de Desastres. Además, en los últimos meses ha firmado convenios para trasladar recursos a distintos sectores, lo que convierte sus decisiones administrativas en un asunto de especial interés público.

¿Qué puede pasar con el proceso judicial cuando Saray Robayo deje el Congreso?

La representante perderá su fuero constitucional el 20 de julio, cuando se instale el nuevo Congreso. A partir de entonces, la Corte Suprema deberá definir si archiva el caso, abre una investigación formal o remite el expediente a la Fiscalía, dependiendo de si concluye que los hechos investigados guardan relación con las funciones que ejerció como congresista.


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