Gobierno anunció 48 municipios adicionales que entran a plan de desminado humanitario

 

El Alto Consejero Presidencial para el Posconflicto, Rafael Pardo, explicó que se trata de una primera fase de las que vienen de aquí al 2021, año en el que Colombia deberá ser declarado libre de minas.

 

Esta intervención cubre, en principio, 287 municipios lo que, en cifras porcentuales entregadas por el gobierno, significan el 42% de los 673 municipios que han tenido algún reporte sobre contaminación de minas antipersonal. “Hay 25 municipios del país que, hoy en día, tienen acciones, intervenciones y operaciones de desminado humanitario”, señaló Pardo.

 

Precisamente, este martes, fueron añadidos 48 municipios donde se hará desminado humanitario y, adicionalmente, se incluyeron 31 municipios más en donde se realizarán estudios para verificar el grado de contaminación, “y hay 183 municipios que han sido considerados de baja afectación, de los cuales los consejos de seguridad tendrán las actas donde se certifica que no se encuentra evidencia de sospecha de minas antipersonales y de municiones no explosionadas”, añadió Pardo.

 

Sobre el costo de este proceso, el estimado es de 126 millones de dólares; es decir, un aproximado de 360 mil millones de pesos. Si se cumple con la meta fijada de aquí al 2021, el costo total se estima en unos 327 millones de dólares.

 

 

Entre las víctimas directas de la guerra, sin duda, se cuentan los que han caído en campos minados y, si bien, muchos mueren al instante por los efectos de la explosión, otros tantos sobreviven, pero mutilados y en condiciones de discapacidad.

 

Sergio Bueno, director de la Acción Integral contra las Minas Antipersonal es el hoy encargado de recopilar esas cifras de la guerra de más de 50 años en Colombia. Desde que se tiene registro, es decir, desde 1990 hasta la fecha, ha habido un total de 11458 víctimas de minas antipersonal, de las cuales 7025 pertenecen a la Fuerza Pública y 4433 son civiles.

 

Del total de civiles, 10% son niños y 5% son mujeres; 379 indígenas y 400 erradicadores de cultivos ilícitos han sido víctimas de minas. “Este año, se han registrado 72 víctimas, 52 de la Fuerza Pública y 20 civiles”, señala Bueno.

 

 

Aunque aún no ha entrado en vigencia la Jurisdicción Especial para la Paz que se encargará de juzgar a quienes hayan participado de manera determinante en el conflicto armado interno, sí se ha hablado de las posibles penas alternativas que deberán pagar las Farc cuando se les aplique la justicia transicional.

 

No habrá privación de la libertad pero sí restricción efectiva, lo que implica que podrán hacer trabajos sociales como, en este caso, el desminado humanitario en las zonas afectadas del país.

 

Ese es el argumento que entregó el alto consejero, Rafael Pardo, quien dijo que no se sabe cuántos ni en dónde van a participar “pero sí está abierto este proceso a que eso sea una alternativa”.

 

No obstante, también podrán hacerlo  una vez cumplida la permanencia de los 180 días de los guerrilleros en las zonas de concentración. “Miembros de las Farc podrán tener la capacitación adecuada y participar por la vía remunerada en las labores de desminado humanitario, principalmente en las organizaciones civiles nacionales o internacionales”, explicó.

 

En todo caso, como explica Bueno, la información que suministra las Farc sobre el tipo de contaminación y las zonas donde está la contaminación permitirá a los erradicadores ser más eficientes en el proceso de desminado y en la implementación de la acción integral que incluye recuperar el territorio de los campesinos.