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El expresidente de Colombia y actual director del Partido Liberal, César Gaviria, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Gobierno Nacional y al presidente Gustavo Petro por presuntas amenazas y persecución contra senadores de su colectividad que firmaron la ponencia para archivar la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo.
En una carta dirigida a José Luis Caballero Ochoa, presidente de la CIDH, Gaviria alertó sobre "los preocupantes ataques, amenazas y actos de persecución" que han sufrido varios senadores de la Comisión Séptima del Senado, quienes han sido objeto de presiones tras su decisión de oponerse a la reforma laboral.
Según el exmandatario, uno de los casos más graves es el del senador Miguel Ángel Pinto, quien, a raíz de su postura frente a la reforma, ha sido blanco de calumnias e incluso ha visto afectada la seguridad de su familia. "Su hija, Silvia Pinto Vargas, fue despedida arbitrariamente del Fondo Nacional del Ahorro en una clara represalia política", denunció Gaviria. Además, el senador ha sido acusado falsamente de tener vínculos con grupos paramilitares, lo que, según el exmandatario, busca desprestigiar su imagen y desacreditar su labor legislativa.
La denuncia también menciona que otros congresistas, como Honorio Henríquez, Alirio Barrera, Esperanza Andrade, Nadia Blel, Berenice Bedoya, Lorena Ríos y Ana Paola Agudelo, han sido objeto de amenazas y presiones similares. "Se ha querido imponer un discurso según el cual estos senadores son enemigos de los trabajadores y obstaculizan las reformas que el país necesita, lo que ha generado un clima de hostilidad en su contra", advierte Gaviria en su misiva.
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Más allá de las amenazas individuales, el exmandatario señala que el Gobierno ha promovido "una estrategia de estigmatización y persecución" contra quienes se oponen a sus reformas. "El desacuerdo legítimo con las políticas gubernamentales se castiga con señalamientos, despidos injustificados y campañas de difamación", enfatizó.
Además de la situación en el Congreso, Gaviria también cuestionó el manejo del Gobierno frente a las órdenes judiciales. En particular, mencionó el reciente incidente de desacato abierto por la Corte Constitucional contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por el incumplimiento de decisiones judiciales relacionadas con el acceso a la salud. "Este hecho refleja un patrón de desobediencia institucional que afecta la independencia de los poderes del Estado", indicó.
Ante este panorama, el exmandatario solicitó la intervención urgente de la CIDH para que "se pronuncie de manera categórica frente a estos hechos y exija al Estado colombiano garantizar la seguridad de los congresistas afectados y sus familias". Asimismo, pidió que se investiguen las amenazas y que se haga un llamado al respeto por la independencia del Congreso.
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"La democracia colombiana no puede permitir que sus representantes sean silenciados mediante la intimidación", concluyó Gaviria, instando a la CIDH a actuar con celeridad en defensa de los principios democráticos y los derechos humanos en el país.
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