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La Sala Plena de la Corte Constitucional viene realizando un duro estudio a la demanda contra uno de los artículos de la Ley 1821 de 2016 sobre retiro forzoso para funcionarios públicos, que podría determinar el futuro de la gerencia del Banco de la República.
Algunos magistrados dicen que esa norma debe tumbarse, pero con la condición de que el Congreso de la República amplíe las excepciones a la junta directiva del emisor.
Lo anterior, quiere decir que la ley no sea aplicable a los miembros de la Junta Directiva del Banco, como tampoco lo es para el Presidente de la República y otros miembros del Gobierno.
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Ese argumento se centra en las advertencias que elevó la Corte a esa Junta Directiva, al señalar que la norma podría quebrantar las reglas del Banco para la designación de sus miembros.
La Junta Directiva ha dicho que, de aplicarse el retiro forzoso a sus miembros, "se pueden generar incentivos a nombramientos por motivos distintos a los de su capacidad técnica”.
Fuentes cercanas al banco señalaron que lo anterior es porque los miembros de la Junta Directiva del Banco y el gerente se eligen por su trayectoria y experiencia, y no por influencias políticas.
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La demanda surgió porque la norma regiría para el actual gerente, Juan José Echavarría, que esta próximo a cumplir 70 años, la edad de retiro forzoso que establece la ley, pero debe ser reelegido en enero de 2021 para un nuevo periodo de cuatro años.
De momento, el estudio de fondo del caso está en pausa porque la magistrada Cristina Pardo presentó un impedimento, por haberse desempeñado como Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República en el gobierno de Juan Manuel Santos.
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