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La Procuraduría General de la Nación formuló cargos disciplinarios en contra de Dalila Astrid Hernández Corzo quien en su momento era la subdirectora de contratación del Ministerio de Educación Nacional.
La misma medida se aplicó a Karen Ezpeleta Merchán y al exjefe de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información Roger Quirama García, por posibles irregularidades en la adjudicación de una licitación a UNE- EPM Telecomunicaciones, por más de 3.400 millones de pesos.
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Según la Procuraduría, los hechos están relacionados con un contrato de nube privada para el Ministerio y secretarías de Educación que fue adjudicado a la empresa UNE- EPM Telecomunicaciones, tras considerar -al parecer de manera errada- que era la oferta más favorable.
Desde el organismo de control se explicó que durante la erradicación de la propuesta ocho de los ítems a contratar no incluían el Impuesto de Valor Agregado (IVA), que sí deberían tener, por lo que resultó inferior a las demás, pues la oferta se adjudicó por más de 3.400 millones de pesos cuando el valor real debió ser superior a los 4.000 millones de pesos.
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El ente de control señaló que “todos los servicios requeridos por el Ministerio se encuentran gravados con el impuesto del IVA (…) situación que se pasó por alto al momento de adjudicar la orden de compra que nos ocupa”.
Por lo anterior, la Procuraduría General de la Nación calificó provisionalmente la conducta de estos tres ex servidores como falta gravísima a título de culpa gravísima.
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