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El Parlamento Europeo emitió una resolución en la que condena de manera enérgica el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido en "medio de un contexto de creciente violencia política en Colombia". Los eurodiputados expresaron sus condolencias a la familia del dirigente y advirtieron que este crimen no es un hecho aislado, sino parte de un “clima más amplio de intimidación y violencia política” que afecta al país.
El documento, aprobado en Bruselas, denuncia también la ola de atentados terroristas y asesinatos recientes contra actores políticos, periodistas, defensores de derechos humanos y líderes sociales, los cuales —según el Parlamento— han tenido un “alto impacto en la cohesión social y la estabilidad del país”.
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Los legisladores europeos hicieron un llamado urgente al Estado colombiano para que investigue no solo a los autores materiales de los ataques, sino también a sus instigadores y facilitadores. “Las autoridades deben identificar los motivos y factores detrás de esta escalada de violencia y garantizar justicia plena”, señala la resolución, que además pide avanzar en el fortalecimiento del proceso de paz y la protección de los derechos humanos.
La Eurocámara mostró especial preocupación por el crimen organizado en las zonas fronterizas con Venezuela, donde estructuras como el Cártel de los Soles han convertido los territorios en corredores para el narcotráfico, el contrabando de armas y el lavado de dinero. El texto advierte que esta conexión transnacional no solo fortalece a grupos insurgentes como el ELN o disidencias de las FARC, sino que también amenaza la soberanía de Colombia y la estabilidad regional.
En materia política, los eurodiputados alertaron que las declaraciones incendiarias de líderes colombianos han intensificado la polarización, los discursos de odio y la violencia, instando a las autoridades y a la sociedad civil a frenar esta tendencia y proteger a las figuras públicas. Asimismo, expresaron preocupación por el aumento de ataques contra candidatos en 2025, lo que podría poner en riesgo las elecciones presidenciales de 2026, y pidieron medidas de seguridad robustas y comunicación institucional transparente.
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El Parlamento también solicitó fortalecer la presencia de la ONU en Colombia, incluir al Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central en la lista de organizaciones terroristas de la UE, y garantizar financiación adecuada para la Defensoría del Pueblo. Además, instó a que la resolución sea enviada a la ONU, la OEA y al Congreso colombiano.
