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El alto consejero para los Derechos Humanos de la presidencia de la República, Francisco Barbosa anunció que, si el Congreso rechaza las objeciones a la ley estatutaria de la JEP, el presidente Iván Duque cumplirá con su mandato constitucional y sancionará la ley.
"Aquí se van a destinar 37,1 billones de pesos para la implementación del acuerdo, entonces lo que hay que hacer es recoger un consenso nacional en torno a esto respetando la decisión que tome el Congreso", dijo Barbosa.
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"El país sabrá que en caso que se rechacen esas objeciones, el presidente de la República cumplirá la Constitución y sancionará el proyecto de ley estatutaria. Pero el debate se tiene que hacer porque no puede haber un país que simplemente diga: 'No, nos gusta el debate", añadió.
Según Barbosa, el presidente Duque no actuó en contravía de la sentencia de la Corte Constitucional porque, según él, las objeciones presidenciales por inconveniencia son un derecho y están consagradas en una ley.
El funcionario dijo que, en este caso, el mandatario no se manifestó sobre un caso de cosa juzgada constitucional porque la ley estatutaria de la JEP aún no es ley de la República porque no ha sido sancionada.
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En medio de la audiencia pública que se realiza en el Congreso sobre las objeciones presidenciales, en la que participan el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, académicos y miembros del Gobierno, la presidenta de la Jurisdicción Especial, Patricia Linares, afirmó que la falta de la ley estatutaria no está afectado en el momento los procesos en la JEP, pero a la larga genera un conflicto porque no existe una norma expresa sobre cada caso.
Linares afirmó que sin la ley estatutaria de la JEP los procesos en esa jurisdicción van a ser más lentos: “Cuando el juez no dispone de una norma inequívoca seguramente los abogados de un lado y del otro, más el ministerio público, van a entrar constantemente a debatir la aplicación”.
A su turno, Martínez afirmó que si no se debaten las objeciones a la JEP, se pierde la posibilidad de otorgar seguridad jurídica a los excombatientes y militares que se sometieron a la Jurisdicción Especial: “Y eso sí es volver trizas La Paz” afirmó.
El fiscal hizo referencia a uno de los puntos objetados por el Presidente de la República, sobre las competencias: "Si se le quita a la Fiscalía la capacidad para investigar sin que la JEP asuma las competencias, se caería en un vacío jurídico en el que entraría a operar directamente la Corte Penal Internacional".
Finalmente, aseguró que mientras la JEP no asuma competencias, no habrá autoridad judicial en Colombia que esté investigando los delitos del conflicto y esto afectaría directamente a los guerrilleros desmovilizados.
