Demandarán resolución que sustenta las sesiones virtuales del Congreso

La oposición considera que una resolución no puede reemplazar la ley y la Constitución.
Comisión de Paz sesiones virtuales
Crédito: Tomada del Twitter del senador Roy Barreras

No cesa el debate sobre la legalidad de las sesiones virtuales del Congreso de la República, cuya reglamentación está avanzando y ya está a un debate de convertirse en ley de la República.

El presidente de la corporación, Arturo Char, expidió una resolución a través de la cual se establece un protocolo para trabajar por medio de plataformas digitales, debido a la pandemia de coronavirus que está azotando al país.

Sin embargo, los sectores de oposición continúan insistiendo en que este proceso es completamente ilegal y para poderlo autorizar, se necesita aprobar una ley de forma presencial.

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En medio de esta controversia, el senador Alexander López anunció que presentará una demanda ante el Consejo de Estado para tumbar esta resolución, expedida por la mesa directiva del Congreso.

“Solamente tenemos una resolución firmada por el Presidente del Senado, la cual no reemplaza ni la ley 5ª, ni la Constitución y justamente lo que estamos discutiendo es tratar de romper con esas reglas que ya están establecidas y que nos obligan a todos a sesionar apegados a una resolución que demandaré ante la jurisdicción contenciosa, entendiendo que una resolución no puede reemplazar ni la ley, ni la Constitución”, indicó.

Y añadió: “Desde ya anuncio la demanda de ese acto administrativo que profirió el presidente sin haber reunido la mesa directiva del Senado como lo obliga también la Ley 5ª”.

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El proyecto de ley que fue aprobado recientemente en tercer debate, establece las reglas claras que deben tenerse en cuenta por parte de los legisladores, a la hora de adelantar su trabajo remoto.

Los senadores están a la espera de que se conozca el fallo completo de la Corte Constitucional sobre las sesiones virtuales, en el cual se deja claro que se puede legislar de esta manera basándose en la Ley 5ª y no en un decreto expedido por el Gobierno Nacional.


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