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El exfiscal general de la Nación y exministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, expuso su postura sobre el decreto firmado por el presidente Gustavo Petro que convoca a una consulta popular, el cual, según indica, es contrario a lo establecido en la Constitución Política de Colombia.
“El decreto es claramente inconstitucional. La consulta popular no puede utilizarse para reemplazar o desconocer el papel del Congreso. No produce efectos normativos y cualquier resultado de la misma debería ser tramitado posteriormente ante el Congreso”, afirmó Gómez Méndez en entrevista para La FM de RCN.
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El exfiscal mencionó que esta visión fue compartida por diversos juristas, entre los que se encuentran Ramiro Bejarano, Juan Fernando Cristo, Humberto Sierra y Héctor Riveros, quienes coincidieron en que el decreto desconoce decisiones ya adoptadas por el Congreso. Asimismo, señaló que la legalidad de tales actos le corresponde a la justicia, y no al Ejecutivo.
Gómez Méndez también explicó que, según su criterio, el decreto no debe ser revisado automáticamente por la Corte Constitucional, como lo plantea el Gobierno, sino por el Consejo de Estado, al tratarse de un acto administrativo con efectos electorales.
“El control automático está previsto para los decretos de estado de excepción. Este no es el caso. el Consejo de Estado podría estudiar el decreto y decidir si procede su suspensión provisional, a partir de demandas que ya han sido anunciadas por varios actores políticos”, dijo.
¿Los ministros cometieron alguna irregularidad?
Otro punto es si los ministros cometieron alguna irregularidad con la firma del decreto. Al respecto, Gómez Méndez respondió que no considera ese el punto central del debate, y que el foco debe mantenerse en el análisis constitucional y político de la medida.
Por otra parte, el exfiscal también expresó que existe una situación compleja frente a la participación del registrador nacional, Hernán Penagos: “De un lado tiene al presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien señala que la consulta no cumplió con los requisitos legales; y del otro, un decreto presidencial que ordena su realización”, afirmó.
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Finalmente, Gómez Méndez se refirió al uso del argumento de la soberanía popular como justificación de decisiones del Ejecutivo: “El pueblo se expresa a través de los mecanismos establecidos, como las elecciones y el Congreso. No existen fundamentos constitucionales para contraponer directamente al pueblo con las instituciones”, concluyó.
