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Así lo señala el organismo de control, el cual indicó que este hallazgo fue detectado en la auditoría que acaba de realizar a Electricaribe. "Luego de analizar un promedio de 800 mil facturas mensuales expedidas durante los años 2015 y 2016, para un total de $19 millones de facturas revisadas aproximadamente".
Según la Contraloría, "los $78.500 millones que empleó la empresa con el objeto de disminuir sus pérdidas provienen del subsidio otorgado por el Fondo de Energía Social (FOES) que deben ir destinados para aliviar al pago de la factura de energía de los usuarios de menos recursos de usuarios de estratos 1 y 2".
Esta cifra corresponde al 99% del beneficio FOES que debieron recibir los usuarios afectados que hacen parte de la población más pobre, en este caso de los 7 departamentos de la Costa Atlántica.
La Contraloría calculó que mensualmente la empresa Electricaribe afectó entre el 64% y el 80% de la facturación de estas, porcentaje equivalente a cerca de 600 mil usuarios mensuales.
El organismo trasladará este hallazgo a la Fiscalía y Procuraduría para que adelanten las investigaciones a que haya lugar.
El Fondo de Energía Social es un sistema especial de cuentas creado por la Ley 812 de 2003 (Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006), y que ha sido prorrogado sucesivamente por los planes de desarrollo hasta el año 2018.
El objeto principal del Fondo es subsidiar a los usuarios con menor capacidad económica para disminuir el valor del pago de su servicio hasta su consumo de subsistencia.
Para los años 2015 y 2016, analizados por la Contraloría, el valor del subsidio girado por el Ministerio de Minas y Energía fue de $46 por cada Kwh.
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