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El presidente del Senado, Lidio García Turbay, respondió mediante un de manera firme y protocolaria al presidente Gustavo Petro, quien había exigido investigar las inasistencias de congresistas para destrabar proyectos clave del Gobierno, como la reforma a la salud, la jurisdicción agraria y el Código Minero.
En su mensaje, García Turbay es enfático con el mandatario al afirmar: “usted no tiene competencia para verificar quórum ni fiscalizar las asistencias de los congresistas”.
Subraya que el Congreso es una rama autónoma e independiente del poder público, y que el control de sus miembros corresponde exclusivamente a cada Cámara.
“El Gobierno puede enviar mensajes de urgencia, y los tramitaremos conforme a la ley. Pero la vigilancia de las asistencias es asunto interno nuestro”, afirma.
Origen de la solicitud
Este pronunciamiento se produce tras la solicitud formal del ministro del Interior, Armando Benedetti, a los presidentes del Senado y la Cámara para que se apliquen sanciones por ausencias, se remitan listas al Consejo de Estado y se activen las comisiones de ética, incluyendo posibles descuentos salariales y procesos de pérdida de investidura.
Petro por su lado, había pedido explícitamente que se enviaran las listas de inasistencias para aplicar la ley, argumentando que las ausencias frenan iniciativas prioritarias como la reforma a la salud, la jurisdicción agraria, la reforma tributaria y el Código Minero, pese a los mensajes de urgencia enviados por el Ejecutivo.
Senado defiende su autonomía
El contexto es de tensiones crecientes entre el Gobierno y el congreso. El avance de las reformas ha sido lento, influido por el clima preelectoral y debates políticos intensos.
El Gobierno insiste en que las inasistencias reiteradas violan la Constitución y la Ley 5 de 1992; mientras que desde el Congreso se defiende la autonomía y se acusa al Ejecutivo de pretender interferir en funciones internas.
Con su respuesta, Lidio García Turbay considera una intromisión del Ejecutivo. Reitera la disposición del Senado a debatir los proyectos prioritarios “dentro del marco constitucional”, pero rechaza cualquier fiscalización externa sobre asistencias y quórum.
Este cruce de mensajes evidencia la fricción institucional entre las ramas del poder en un momento clave para la agenda legislativa del Gobierno.
