Congreso busca la creación de Comisión Legal de Ciencia

En las próximas horas será radicado en la Secretaría General de la Cámara de Representantes el proyecto de ley mediante el cual se pretenden la creación de la Comisión Legal de Ciencia, Tecnología e Innovación y Estudios de Futuro.

De acuerdo con el articulado, se propone que la comisión interparlamentaria esté conformada por 10 representantes a la Cámara y 9 senadores. Los legisladores que la integren deberían tener experiencia en ciencia, tecnología, innovación, educación superior o emprendimiento tecnológico.

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El proyecto, autoría de los congresistas Jennifer Pedraza, Guido Echeverri, Alexandra Vásquez y Leyla Rincón, tiene como propósito debatir y analizar la regulación existente y la ausencia de normas sobre nuevas tecnologías y avances científicos, sus efectos en las futuras generaciones, además de la protección de la Constitución y los derechos fundamentales.

A nivel mundial, el país estaría cada vez más rezagado en políticas tecnológicas, a pesar de los acuerdos que tiene vigentes. Tanto representantes, como senadores, coinciden en decir que Colombia está por debajo de los estándares internacionales definidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), de la cual es miembro desde 2020.

Según los parlamentarios, es necesario hacerle mayor seguimiento al rezago estructural en inversión, investigación y desarrollo que enfrenta el país. Situación a la que se suman los recortes presupuestales que habría debilitado al Ministerio de Ciencia.

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En 2022 su presupuesto se redujo en un 29 % y para 2025, se proyecta una disminución adicional del 25 %.

En la legislatura anterior se hizo un férreo control político desde el Congreso, frente a la histórica baja asignación presupuestal de 2025 para el Ministerio de Ciencia y se conformó una comisión accidental que reúne a más de 50 actores del sector académico y científico para fortalecer el sistema de ciencia, tecnología e innovación, con el que pretenden hacer seguimiento al uso e impacto de los recursos públicos destinados a la investigación.