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La Plenaria de la Cámara de Representantes dio un paso adelante en favor del procurador general, Gregorio Eljach, tras aprobar en último debate el proyecto de ley que transforma el Instituto de Estudios del Ministerio Público en una "universidad".
Aunque hubo críticas por viabilidad y financiación, las proposiciones ajustaron varios artículos e hicieron que a la iniciativa solo le falten la conciliación y la sanción presidencial.
El ponente del proyecto y presidente de la Cámara, Julián López, del Partido de la U, calificó la semana pasada a la universidad como "la evolución del servicio público".
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El Congreso había convocado a una sesión en su semana de receso dedicada exclusivamente a esa idea, luego de un trámite exprés de menos de dos meses entre el primer y el tercer debate.
EL procurador Eljach solo espera un visto bueno en un proyecto de ley que radicó el 5 de agosto junto al de la universidad: "la celebración del bicentenario de la Procuraduría, con el que espera que el Legislativo le dé pie a que la Nación aporte 200.000 millones de pesos para construir "una nueva instalación", la 'Casa del Bicentenario', antes del 2030.
La rapidez con la que llegó a su segundo debate en la Cámara, cuarto en total y último antes de convertirse en ley, contrastó con las demoras en las votaciones de los impedimentos de congresistas el 6 de octubre. En tres rondas, con 70, 72 y 74 votos, la Cámara negó los impedimentos incluso de algunos investigados en el ente de control.
Por ejemplo, la plenaria negó en dos ocasiones los impedimentos del representante David Racero, del Pacto Histórico, a quien la Procuraduría investiga por presuntamente pedir dinero a miembros de su unidad de trabajo legislativo y por supuestamente participar en irregularidades en contratación en el Sena. O a Germán Rozo, del Partido Liberal.
Y en una ocasión se lo negó a Karen Manrique, procesada en el caso de la UNGRD, por presuntamente participar en el desvío de contratos que habrían beneficiado a su esposo. Julián López aseguró que no había "ninguna razón" para aceptar los impedimentos, principalmente porque la universidad se crea a partir de un instituto que ya existe.
La propuesta del presupuesto general que las plenarias de Senado y Cámara discuten este miércoles contempla que la Nación le dé a la Procuraduría más de 2,1 billones en 2026. La nueva universidad despierta fantasmas de la institución que la Fiscalía de Eduardo Montealegre creó en 2015 con una inversión de más de 31,2 mil millones y cerró tras un semestre.
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Durante su trámite en el Senado, el congresista Guido Echeverry cuestionó el aparente afán por pasar el proyecto. Su reclamo fue solitario, pero se multiplicó en la Cámara.
Christian Garcés, del Centro Democrático, tachó a la iniciativa de no ser "pertinente". Entre tanto, Jhon Jairo Berrío —del mismo partido— sentenció que no entendía "por qué las carreras".
"En plena crisis financiera, resulta contradictorio crear más burocracia cuando la oferta educativa existente puede cubrir" los servicios de educación de quienes trabajan en la Procuraduría, escribió en X Garcés, quien votó negativo. El investigador Rodrigo Uprimny llamó a la propuesta "contradictoria, costosa y muy probablemente inconstitucional".
Jorge Eliécer Tamayo, de La U, reparó que no hubiese un concepto ni del Ministerio de Educación ni del Ministerio de Hacienda que argumentara una viabilidad financiera, y Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, se unió a las observaciones sobre una virtual falta de claridad sobre el presupuesto del futuro centro educativo.
El consejo directivo de la universidad estaría conformado por un rector y cinco integrantes que Eljach designará. A falta de conciliación y promulgación, empezará a funcionar en 2026. Inicialmente, se pensó como un espacio de capacitación para empleados del Ministerio Público, pero el texto prevé que esté abierto a todos los servidores públicos.
