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Ya quedó radicada la ponencia en el Consejo Nacional Electoral (CNE) que propone sancionar la campaña del hoy presidente Gustavo Petro, por violación de topes electorales en alrededor de 3.500 millones de pesos.
En el documento presentado por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, se plantean millonarias sanciones para Ricardo Roa, quien fuera el gerente de la campaña y para otras funcionarias de la misma.
Según propone la ponencia, se debería aplicar una multa de más de 5.000 millones de pesos en total para Roa, actual presidente de Ecopetrol, y para la auditora de la campaña, María Lucy Soto y la tesorera Lucy Aidee Mogollón.
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Cabe mencionar que "por la financiación prohibida por parte de personas jurídicas”, la sanción sería de $2.252.379.384.
Entre tanto, "por violar los topes o límites de ingresos y gastos", la multa sería de $2.447.378.352. Además, habría otras dos multas por $627.600.128 y $596.088.824.
También se proponen sanciones para los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica, que fueron los que avalaron al entonces candidato Gustavo Petro Urrego, con dos multas cada una de $583.785.441 por la primera y la segunda vuelta presidencial.
Las multas serían “por violar o tolerar la vulneración a los topes o límites de ingresos y gastos, permitir la financiación prohibida, e incumplir los deberes de diligencia en la aplicación de las disposiciones constitucionales y legales que regulan la organización, funcionamiento y financiación, de la campaña presidencial”.
En la ponencia también se propone ordenar a Ricardo Roa la devolución de $165 millones de pesos, “correspondiente al pago efectuado por el concepto de gasto “evento Movistar Arena del 19 de junio de 2022”.
Se solicita compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue si Roa, como gerente de la campaña presidencial, pudo haber cometido alguna falta penal “frente a la financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, la violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales, fraude procesal y las demás que se determinen, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución”.
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Cabe destacar que en este proyecto presentado por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, no se establece ninguna responsabilidad del presidente de la República, Gustavo Petro, toda vez que la Corte Constitucional determinó que es la Comisión de Acusación de la Cámara la encargada de adelantar las investigaciones contra el jefe de Estado.
