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Fue radicada ante la Cámara de Representantes una solicitud de debate de control político al Gobierno Nacional, para que dé a conocer las estrategias que se tiene para la distribución de la vacuna contra la COVID-19, en el momento que llegue a ser aprobada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El representante a la Cámara, Carlos Ardila, del partido Liberal, citó al ministro de Salud, Fernando Ruíz; la Canciller, Claudia Blum y el director del Invima, Julio César Aldana, para que, en debate en la plenaria de la Cámara, anuncien las estrategias para adquirir la vacuna, logística de distribución, mitigación de sus riesgos y responsabilidad por efectos adversos.
El legislador indicó que en dicho debate se quiere indagar sobre los tratamientos para combatir la pandemia de la COVID-19 que propone la comunidad médica local, con medicamentos disponibles y los ensayos clínicos que se adelantan en el país.
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"Esta sería una vacuna que tendría pocas observaciones a largo plazo sobre los riesgos en la salud, porque estamos en una verdadera carrera contra el reloj para obtener la vacuna, lo que hace que acorte tiempo para realizar pruebas, ya que existe una antecedente con la vacuna del papiloma humano que generó efectos adversos en varios países incluido Colombia", indica.
Según Carlos Ardila, diferentes farmacéuticas que adelantan las investigaciones para obtener la vacuna están pidiendo indemnidad legal, es decir, solicitan que los gobiernos asuman el costo de cualquier efecto adverso y piden ser eximidos de alguna responsabilidad, entonces, "¿cuál va a ser la posición del Gobierno ante estos pedidos de los laboratorios y farmacéuticas?".
El congresista opinó que el enfoque en el país no debe profundizarse en temas de vacunas, sino en tratamientos, pues "notamos que cada vez que un profesional de la salud adelanta tratamientos con medicamentos disponibles, como hechos legítimos, las autoridades se adelantan en descalificar al médico", indicó.
