Caso UNGRD: Sandra Ortiz se declara inocente de lavado de activos y tráfico de influencias

La exconsejera presidencial Sandra Ortiz no aceptó los cargos de lavado de activos y tráfico de influencias que le imputó la Fiscalía General de la Nación, por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo.

La exfuncionaria, cercana en su momento al presidente Gustavo Petro, específicamente no aceptó que entregó miles de millones de pesos a los expresidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, para supuestamente promover proyectos en el Congreso de origen gubernamental.

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En el desarrollo de la audiencia de imputación, el fiscal del caso narró que -aparentemente- Sandra Ortiz, por orden de Carlos Ramón González, quien en su momento era el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), le habría entregado 3.000 millones de pesos en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Name.

Además, según la Fiscalía, Ortiz habría usado sus influencias para cuadrar reuniones y fomentar confianzas.

“Debido a la premura con que los congresistas mencionados exigían los recursos, durante septiembre González y López variaron la oferta ofrecida a Name a una suma en efectivo de 3.000 millones, y a Calle de 1.000 millones, dinero que sería obtenido de la contratación de la UNGRD (Gestión del Riesgo), que Olmedo López (entonces director de la entidad) entregaría”, dijo la Fiscalía.

Del mismo modo, la fiscal del caso anunció que el dinero entregado a Andrés Calle en octubre, Sneyder Pinilla viajó a Montería para darle $1.000 millones, transacción que desde Bogotá se hizo con criptomonedas que fueron retiradas en la capital de Córdoba.

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“El 12 y 13 de octubre de 2023, Sandra Ortiz habría transportado en dos oportunidades las sumas de 1.500 millones de pesos en efectivo, para un total de 3.000 millones, con destino al presidente del Senado, Iván Name”, señaló la Fiscalía.

Con base en las pruebas, la Fiscalía solicitará medida de aseguramiento en centro carcelario porque, afirma, las pruebas presentadas son determinantes para demostrar su responsabilidad en el entramado de corrupción.