La FM en Google News
El presidente Abelardo de la Espriella presentó este martes ante la Fiscalía General de la Nación y otros órganos de control las investigaciones documentadas en el denominado ‘Libro de la Verdad’, en el que se documentan los que serían los hallazgos y casos de corrupción que se habrían dado en el saliente gobierno de Gustavo Petro.
La publicación condensa las actuaciones del Equipo Élite Anticorrupción durante la transición gubernamental, detallando aparentes irregularidades contractuales, modificaciones presupuestales de última hora y alertas sobre el patrimonio público.
El Gobierno Nacional oficializó la entrega a las autoridades judiciales del informe denominado ‘Libro de la Verdad’, un diagnóstico institucional sobre el estado de la administración pública recibida tras el proceso de empalme de 2026.
A través de la gestión adelantada por el Equipo Élite Anticorrupción, la Presidencia de la República puso a disposición de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República un conjunto de expedientes que reúnen denuncias penales, quejas disciplinarias y acciones fiscales sobre la gestión de recursos estatales.
'Libro de la Verdad': Equipo Élite Anticorrupción activa acciones jurídicas
En la apertura del documento, el presidente Abelardo de la Espriella remarcó el deber del Ejecutivo de trasladar estas evidencias ante las instancias correspondientes sin coadministrar ni sustituir las competencias judiciales.
“Gobernar exige mirar hacia el porvenir. Pero ningún país puede construir seriamente su futuro si adopta la equivocada decisión de cerrar los ojos frente a los hechos que comprometieron las finanzas de sus instituciones, sus recursos públicos y la confianza de sus ciudadanos”, sostuvo el mandatario nacional.
A su vez, el Jefe de Estado aclaró el alcance legal del compendio al señalar que “su propósito no es el de sustituir a la justicia, anticipar responsabilidades ni convertir los hallazgos en condenas. Esa es una tarea que le corresponde exclusivamente a las autoridades competentes, con pleno respeto por el debido proceso”.
Por su parte, el vicepresidente de la República y Director Nacional del Empalme, José Manuel Restrepo, explicó la metodología de validación documental e interinstitucional empleada por los equipos técnicos para consolidar la información pública.
LEER PDF ADJUNTO: El 'Libro de la Verdad' de Abelardo de la Espriella.“En el capítulo de hallazgos de corrupción no individualizamos ni calificamos responsabilidades que no nos corresponde establecer: documentamos hechos, con fuente y fecha, validados mediante procesos documentales, funcionales, tecnológicos, presupuestales, operativos e interinstitucionales, para que quien tiene la competencia legal pueda actuar sobre evidencia y no sobre suposición”, afirmó el vicepresidente Restrepo.
Los hallazgos del 'Libro de la Verdad': ¿Habrá e intervenciones preventivas en entidades clave?
El Capítulo III del ‘Libro de la Verdad’, elaborado directamente por el Equipo Élite Anticorrupción, sistematiza las actuaciones promovidas frente a 23 casos críticos identificados durante la transición.
Las intervenciones abarcan la solicitud de suspensión de licitaciones de gran cuantía, recursos interpuestos ante las altas cortes y denuncias penales por presuntos sobrecostos, fallas técnicas e inconsistencias contractuales.
Entre las principales actuaciones jurídico-administrativas reportadas se destacan los siguientes casos:
ESSMAR E.S.P. (Caso 1):
El Equipo Élite Anticorrupción solicitó la intervención de la Procuraduría General de la Nación sobre el Contrato CMA 0012025, cuyo objeto era el diseño, construcción, suministro e instalación de una planta desalinizadora en Santa Marta por valor de $786.000 millones. Proceso abierto entre el 18 y 19 de junio de 2026, pocas semanas antes de finalizar el Gobierno saliente. El 29 de julio de 2026, el órgano de control ordenó la suspensión provisional del proceso por dudas técnicas, financieras y posible desconocimiento del CONPES respectivo.
DAPRE (Caso 2):
Se interpuso demanda de nulidad simple ante el Consejo de Estado contra la Resolución 0478 del 6 de julio de 2026, la cual declaró hábiles fines de semana y festivos para adelantar trámites precontractuales y presupuestales antes del cambio de mando. El 28 de julio de 2026, el Consejo de Estado decretó la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo al considerar que acortaba los plazos de observación y controversia para los oferentes.
OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación (Caso 3):
Tras advertirse la citación a la sesión ordinaria No. 74 para el 6 de agosto de 2026 —un día antes de la posesión presidencial— con el fin de definir proyectos por cerca de $900.000 millones, el equipo solicitó vigilancia preventiva. La Procuraduría General de la Nación pidió suspender la sesión, la cual finalmente no contó con el quórum requerido.
CENIT S.A.S. (Caso 4):
Se interpuso denuncia penal y queja disciplinaria por el Contrato No. 8000009732, por $23.663 millones, adjudicado a la firma GESYCOBRO S.A.S. para representación judicial y asesoría legal. El informe pericial evidenció que la empresa contratista tenía un capital social de $117 millones, su experiencia registrada era en cobro de cartera y el valor final superó la propuesta económica inicial.
FENOGE (Caso 5):
Respecto al Programa Colombia Solar, valorado en $165.492 millones, el equipo denunció el cambio de reglas contractuales en pleno desarrollo del proceso, donde se convirtió el cupo de crédito en criterio de calificación ponderable. La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria el 3 de agosto de 2026 y ordenó la suspensión inmediata del Director Ejecutivo de FENOGE.
Electrohuila (Caso 6):
Se radicó queja disciplinaria por la reforma estatutaria del 20 de marzo de 2026, que transformó el cargo de Gerente General de libre nombramiento y remoción a un período fijo de cuatro años. La Procuraduría Regional del Huila abrió indagación previa el 14 de julio de 2026.
Páramo de Santurbán (Caso 7):
El equipo presentó queja disciplinaria por los nueve años de mora en expedir la delimitación ordenada por la Corte Constitucional desde 2017. La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de expedientes disciplinarios contra las exministras de Ambiente Susana Muhamad e Irene Vélez.
Reforma Agraria y Agencia Nacional de Tierras (Caso 8):
Se presentaron denuncias penales y acciones fiscales por las operaciones de compra de predios a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) mediante convenio marco con la ANT. Pese a giros por $1 billón de pesos, la revisión estableció que de 537 predios adquiridos, únicamente 3 contaban con titulación y escritura registrada a favor de la Nación.
Caminos Comunitarios para la Paz (Caso 9):
Se radicó denuncia penal por giros superiores a $612.000 millones a Juntas de Acción Comunal con baja ejecución. En Antioquia se detectaron seis convenios por $2.289 millones con desembolsos del 100% y avance físico del 0%.
Colombia Compra Eficiente (Caso 10):
Se solicitó suspensión de la licitación de ciberseguridad con presupuesto registrado de $0 pero valor estimado de $300.000 millones, por restricciones de tiempo y competencia. Colombia Compra Eficiente suspendió el procedimiento antes de la adjudicación.
Unidad Nacional de Protección - UNP (Caso 11):
En la contratación de esquemas de escoltas para las zonas 1 y 2 por $78.000 millones, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira decretó la suspensión provisional del proceso tras las alertas sobre la exclusión de otras ocho zonas territoriales.
FONTUR (Caso 12):
Se radicaron denuncias por un proyecto de sostenibilidad turística cuyo valor se incrementó en un 82,6%, pasando de $68.500 millones a $127.700 millones.
Denuncias penales, acciones fiscales y aperturas disciplinarias marcan el balance de la transición
El informe del Equipo Élite Anticorrupción detalla, en sus secciones finales, casos adicionales donde se estructuraron -aparentemente- traslados directos a los organismos judiciales por la gestión de recursos del erario y contrataciones atípicas:
Acuerdo Marco de Medicamentos II (Caso 13):
Solicitud de control fiscal preventivo ante la Contraloría General de la República sobre la segunda generación del acuerdo administrado por Colombia Compra Eficiente, valorado en $3 billones, por fallas en garantías financieras y cronograma.
CODALTEC y Escudo Antidrones (Caso 14):
Denuncia penal y queja disciplinaria sobre el contrato de $60.300 millones para la adquisición de herramientas antidrones del Ministerio de Defensa Nacional, tras identificarse discrepancias en costos, alcance de detección de inhibición y especificaciones técnicas.
C.I. MEPRECOL S.A.S. (Caso 15):
Preparación de denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación sobre la sociedad administrada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), al detectarse retiros masivos en efectivo tras giros para compra de oro y transferencias vinculadas a cooperativas intervenidas.
Canal Trece y Agencia Nacional de Tierras (Caso 16):
Denuncia penal por el convenio interadministrativo logístico de $17.003 millones, en el que Teveandina Ltda. (Canal Trece) subcontrató la totalidad de las actividades conservando cobros por intermediación.
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF (Caso 17):
Acciones fiscales y disciplinarias por la expedición de 66 resoluciones de nombramiento en provisionalidad en tan solo siete días (entre el 2 y 8 de julio de 2026), suscritas con motivaciones idénticas.
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE (Caso 18):
Acompañamiento preventivo solicitado por el ministro de Justicia designado, Iván Cancino González, que permitió aplazar decisiones sobre 48 procesos contractuales que pretendían comprometer más de $4.000 millones.
Hospital San Juan de Dios (Caso 19):
Traslado a la Contraloría y Procuraduría por la existencia de una nómina de 39 funcionarios que representaba $343 millones mensuales en un hospital que no atendía pacientes, con proyección de ampliar la planta a 1.686 servidores públicos.
Cancillería (Caso 20):
Queja disciplinaria remitida por la apertura y adquisición de sedes consulares, entre ellas la sede de Monterrey (sin atención al público) y la de Estambul, por desproporción entre los costos asumidos y el número de ciudadanos beneficiados.
ASOMUFFAA (Caso 21):
Traslado disciplinario sobre la intervención judicial por captación masiva no autorizada de más de $160.000 millones que afectó a 7.500 familias inversionistas.
FONIGUALDAD (Caso 22):
Queja trasvasada a la Procuraduría por el trámite de procesos contractuales por $68.000 millones a favor de firmas como Corporación Prosperitas y TSG The IT Experts, adelantados simultáneamente con la fase de liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad.
Agencia de Desarrollo Rural - ADR (Caso 23):
Denuncia penal por el presunto delito de prevaricato por acción ante la Resolución 407 del 6 de agosto de 2026, la cual declaró hábil el sábado 8 de agosto para comprometer contratos, un día después del cambio de mando.
En el cierre de su carta a los ciudadanos, el presidente Abelardo de la Espriella ratificó que el envío del expediente busca respaldar las labores de la justicia.
“Hay momentos en los que la obligación de quien gobierna consiste en llevar los hechos hasta la puerta de la justicia y detenerse allí, respetando escrupulosa y prudentemente su independencia. Ese momento ha llegado”, puntualizó el Jefe de Estado.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Qué es el 'Libro de la Verdad' presentado por el Gobierno Nacional?
El 'Libro de la Verdad' es un diagnóstico institucional entregado a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría que documenta 23 casos críticos de presunta corrupción e irregularidades contractuales ocurridos durante la administración saliente de Gustavo Petro. Elaborado por el Equipo Élite Anticorrupción durante la transición gubernamental de 2026, el informe consolida pruebas sobre modificaciones presupuestales de última hora, sobrecostos y fallas en la gestión de recursos públicos para que las autoridades judiciales determinen las responsabilidades correspondientes.
¿Cuáles son los hallazgos del 'Libro de la Verdad' en entidades clave de Colombia?
Los hallazgos del 'Libro de la Verdad' abarcan anomalías en 23 instituciones estatales, destacando la compra de predios por $1 billón en la Agencia Nacional de Tierras donde solo 3 de 537 predios tenían escrituras registradas, licitaciones dudosas en la ESSMAR por $786.000 millones y giros de $612.000 millones a Juntas de Acción Comunal sin avance físico. Asimismo, se reportaron irregularidades en convenios del OCAD de CTI, FENOGE, la UNP, FONTUR y la nómina de un hospital inactivo, derivando en solicitudes de suspensión preventiva y denuncias penales.
¿Qué acciones jurídicas del 'Libro de la Verdad' activó el Ejecutivo tras la transición?
Las acciones jurídicas del 'Libro de la Verdad' puestas en marcha ante los órganos de control incluyen denuncias penales por prevaricato y sobrecostos, quejas disciplinarias contra exfuncionarios y demandas de nulidad ante el Consejo de Estado para frenar resoluciones que habilitaban días festivos en trámites contractuales. Adicionalmente, la intervención del Equipo Élite Anticorrupción logró la suspensión provisional de licitaciones millonarias en Colombia Compra Eficiente y la apertura de investigaciones disciplinarias por parte de la Procuraduría.
¿Cómo impacta el 'Libro de la Verdad' las investigaciones de la Fiscalía y la Contraloría?
El impacto del 'Libro de la Verdad' radica en que proporciona a los organismos de control evidencias documentales, técnicas y presupuestales validadas sobre la gestión de fondos del erario sin sustituir sus competencias judiciales. Según la Presidencia de la República y la Dirección Nacional del Empalme, el expediente busca que la justicia actúe sobre pruebas verificables para investigar contrataciones atípicas, desvíos en la Reforma Agraria y captaciones masivas, resguardando la independencia de los jueces en la determinación de condenas.
