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Mientras el expresidente del Senado Iván Name Vásquez y su antiguo homólogo de la Cámara, Andrés Calle Aguas, siguen presos, la Corte Suprema de Justicia sigue adelante con el juicio en su contra por las coimas que habrían recibido de parte del entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El magistrado Jorge Emilio Caldas, de la Sala de Primera Instancia, convocó a los detenidos excongresistas a la audiencia preparatoria de su juicio. La diligencia es clave para definir las pruebas que la magistratura examinará durante el juzgamiento. La Sala empezó la cita rechazando una nulidad que presentó la defensa de Andrés Calle.
La Sala emitió un auto de 97 páginas con su decisión. El magistrado Caldas leyó su parte resolutiva en una audiencia a la que Name, con barba tupida que no conservaba cuando era congresista, y Calle se conectaron con filtros que evitaban mostrar la sala de La Picota en la que se encontraban. Calle apeló, Name no.
Santiago Trespalacios, el abogado de Andrés Calle, le pidió a la Sala de Casación Penal considerar pruebas que la Sala de Primera Instancia no admitió y que, según él, probarían “el buen comportamiento” del expresidente de la Cámara. La defensa había solicitado anular el proceso por “inercia investigativa” de la Sala de Instrucción.
Caldas no accedió a la nulidad. El magistrado Ariel Torres y la magistrada Blanca Barreto estuvieron de acuerdo con su postura. Así que el juicio seguirá adelante, con pruebas como el testimonio del exdirector de la UNGRD Olmedo López, del exdirector del Dapre Carlos Ramón González y de la exconsejera Sandra Ortiz.
La Sala Especial de Instrucción de la Corte ordenó la captura de Name y Calle en mayo de 2025. Tres meses después, los acusó por cohecho impropio y peculado por apropiación. Aunque impugnaron la acusación, en octubre la Corte la dejó en firme. La preparatoria es el siguiente paso, luego vendrá el juicio y, finalmente, la sentencia.
De los presuntos sobornos a las capturas: el escándalo que mantiene a Name y Calle detenidos
Un día antes del arresto, Name habló en la plenaria del Congreso, como despidiéndose: “Siento que cumplí con mi deber de enfrentar el desbordamiento institucional”. La Policía ejecutó la orden de captura el 7 de mayo. Calle se entregó en el búnker de la Fiscalía mientras las autoridades adelantaban un operativo en su casa.
Según declaraciones de Olmedo López y de Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres, Name —de la Alianza Verde y opositor a la administración de Gustavo Petro— habría recibido un soborno de tres mil millones de pesos. Calle, liberal y aliado del Ejecutivo, habría obtenido uno de mil millones.
Pinilla, confeso corrupto y condenado a cinco años de cárcel por su participación en la red criminal, le ha relatado a la justicia que el dinero para las coimas salió de los sobrecostos en la compra de cuarenta carrotanques para llevar agua potable a La Guajira. El propósito de la plata era acelerar el trámite de reformas del Gobierno.
Quien habría ordenado entregar los recursos fue el prófugo Carlos Ramón González, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) asilado en Nicaragua que también va a juicio en la Corte. Los pagos habrían llegado a manos de los entonces parlamentarios en octubre de 2023, antes de las elecciones regionales.
La intermediaria para conseguir y llevar las millonarias sumas aparentemente fue la exconsejera presidencial para las Regiones Sandra Liliana Ortiz Nova, detenida asimismo de forma preventiva. La Fiscalía empezó a perseguirla luego de que Sneyder Pinilla la señalara de haber recibido los tres mil millones de Name.
Maletas de dinero, computadores incompletos y más implicados en la trama de la UNGRD
Ortiz, cercana a Iván Name, le habría dado maletas llenas de billetes al otrora senador en un apartamento en el norte de Bogotá. Pinilla, por su parte, ha admitido que él le entregó a Andrés Calle la plata en Montería, la capital de Córdoba, también con una maleta. El exsubdirector ha entregado chats que probarían el soborno.
Tanto González como Ortiz eran de la Alianza Verde, que los suspendió junto a Name en mayo de 2025, casi un año después de que la boyacense dejara su oficina en la Casa de Nariño. La Fiscalía le imputó a Sandra Ortiz tráfico de influencias y lavado de activos, y a Carlos Ramón González cohecho, peculado y lavado de activos.
En julio de 2024, dos meses después de que Ortiz saliera del Gobierno, la Presidencia de la República informó que la administración de Luz María Múnera, sucesora de la exsenadora, recibió “dos computadores incompletos: uno sin disco duro y otro sin memoria”. Los equipos eran de contratistas del despacho de la exconsejera Ortiz.
La Fiscalía ha calificado al entramado de corrupción en la UNGRD como “una empresa criminal” que habrían liderado los exministros Luis Fernando Velasco, del Interior, y Ricardo Bonilla, de Hacienda. El Tribunal Superior de Bogotá ordenó encarcelarlos de forma preventiva. La Procuraduría indaga a Ortiz en el expediente de Name y Calle.
De acuerdo con Pinilla, en septiembre de 2023 Ortiz y Velasco tuvieron un desayuno del que salió la orden para que el exdirector Olmedo López consiguiera dinero para sobornar a legisladores. Ortiz trató de negociar con la Fiscalía, que calificó su información como “confusa” y “contradictoria”. Velasco defiende la inocencia de él.
Andrés Calle intentó salir de prisión. Le pidió a la Corte Suprema concederle libertad por el nacimiento de su hijo, porque renunció a la Cámara de Representantes y porque declaró bajo juramento que no votaría en las elecciones de 2026. La Corte lo rechazó. Sandra Ortiz interpuso una tutela con el mismo objetivo, y el alto tribunal la desestimó.
