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Este miércoles la Registraduría fue clara: no se pueden cambiar los tarjetones para la consulta del Pacto Histórico, donde aparece Daniel Quintero, quien renunció. Hay quienes dicen que eso no vale mucho y que se debería hacer. ¿Qué ha averiguado?
Que, en efecto, la cosa sí sale muy costosa y engorrosa, pues eso hace parte de la solución completa del kit. No solo son las tarjetas, sino también su numeración, chips de trazabilidad, y empaque con todos los elementos adecuados de cada mesa.
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Son múltiples los rubros que afecta la tarjeta electoral. Además, habría que cambiar los E-14, que van de la mano de las tarjetas. Es una solución completa y no solo unas tarjetas. Lo que se calcula es que el procedimiento costaría cerca de $20 mil millones por el capricho del exalcalde Quintero, quien ya tiene que pagar 123 mil millones, de acuerdo con la ley, por haberse retirado de la consulta.
¿El proyecto de la paz total que fue presentado al Congreso por el Gobierno está muerto?
Pues la verdad es que no tiene mucho futuro. La pelea del ministro de Justicia, Luis Eduardo Montealegre, con el procurador, a quien denunció por un supuesto prevaricato, le va a pasar una cuenta de cobro en el Congreso. Ayer los congresistas enviaron una carta de apoyo a Gregorio Eljach frente a las demandas interpuestas en su contra, dejando en claro que apoyan al procurador, lo cual va a dificultar cualquier proyecto que lleve el Gobierno, en especial el del ministro Montealegre.
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¿El nombramiento de la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, está en peligro?
El despacho del magistrado Pedro Pablo Vanegas alista sentencia en la demanda de nulidad contra el nombramiento de Cielo Rusinque como superintendente de Industria y Comercio. Un examen de las certificaciones laborales allegadas al proceso concluye que, tal como están hoy, no acreditan fehacientemente los 10 años de experiencia profesional relacionada exigidos para el cargo.
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El soporte más sólido es su paso por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), cuya certificación reconoce 11 meses y 21 días de experiencia relacionada. En contraste, la certificación de la campaña presidencial como “asesora de relaciones externas” no consigna funciones ni resultados verificables que permitan equiparar esas tareas con las misiones técnicas de la SIC (competencia, consumidor, propiedad industrial, datos y metrología).
La actividad como abogada independiente (2019–2022) se acredita en términos amplios (tutelas, actuaciones ante la Corte Constitucional y consultorías en derecho público). Sin embargo, al no detallar materias, casos o productos vinculables a las funciones de la SIC, el documento resulta insuficiente para contarse plenamente como experiencia relacionada y, además, solo reporta meses (no días), lo que dificulta el cálculo con exactitud.
